Un acuerdo de la Santa Sede con un país no equivale a privilegios. Lo aclara el secretario de la Conferencia Episcopal Portuguesa, monseñor Carlos Azevedo, al ilustrar las implicaciones del concordato de 2004, aprobado entre su país y la sede apostólica y que considera muy provechoso para toda la sociedad lusitana.
El acuerdo, que actualiza el Concordato del 7 de mayo de 1940, no prevé un estado confesional; garantiza a la Iglesia el ejercicio público y libre de sus actividades y reconoce la libertad religiosa.
“Pienso que si, aunque este acuerdo corresponde a una nueva forma de presencia de la Iglesia. Quizá algunos cristianos, sacerdotes y los mismos obispos no están preparados para asumir esta presencia sin privilegios, sin tantos tratos especiales. Y también el propio Estado puede percibir ahora que su presencia no pretende ser una influencia política sino que quiere servir a la sociedad”.
Esta nueva presencia jurídica de la Iglesia católica en Portugal exige romper con algunos hábitos:
“Percibir el lugar que tiene la Iglesia sin privilegios, sin tratos especiales es un camino por hacer. Y pienso que existe un hábito muy hecho y romper con él no es fácil, de ahí que existan algunas críticas y que quisieran que quedaran también resquicios de una mentalidad anterior.
Pero pienso que el Concilio llevó a otra perspectiva y la propia ley de libertad religiosa”.
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