El miércoles 7 de mayo la vicepresidenta del gobierno, Teresa Fernández de la Vega, anunció en el Congreso de los diputados varias iniciativas parlamentarias para esta legislatura entre las que figuraba una nueva ley de libertad religiosa para “avanzar en la laicidad del estado”.
Para muchos, apenas un mes después de ganar las elecciones, el gobierno ha abierto un nuevo frente contra la Iglesia con una medida que ni siquiera figuraba en su programa electoral. Para otros, sin embargo, se trata de una concesión a parte de la militancia socialista frustrada por la política pragmática del final de la legislatura que, lejos de denunciar los acuerdos con el Vaticano, como algunos pedían, cerró el tema de la financiación de la Iglesia y de la enseñanza de la religión en la escuela.
Para muchos, apenas un mes después de ganar las elecciones, el gobierno ha abierto un nuevo frente contra la Iglesia con una medida que ni siquiera figuraba en su programa electoral. Para otros, sin embargo, se trata de una concesión a parte de la militancia socialista frustrada por la política pragmática del final de la legislatura que, lejos de denunciar los acuerdos con el Vaticano, como algunos pedían, cerró el tema de la financiación de la Iglesia y de la enseñanza de la religión en la escuela.
El lugar y el momento del anuncio descartan que se trate de un intento de reactivar el debate ideológico como medida para desviar la atención de las preocupaciones económicas crecientes. Pero ¿en qué puede consistir esa reforma, si tenemos en cuenta que las reclamaciones de las otras confesiones religiosas van más contra el deficiente desarrollo de la ley que contra la ley misma? ¿Hay una demanda social en ese sentido? ¿Quién se siente perjudicado por la presente legislación en la materia? El gobierno no lo ha explicado, pero su propósito, aunque inconcreto, parece firme y uno de los ejes de la presente legislatura; de modo que la reflexión sobre qué es la laicidad del estado parece, más que nunca, una exigencia inevitable.
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