África González Gómez
El agua y el desarrollo sostenible son los temas estrella de la Exposición Universal de este verano en Zaragoza. Además, 2008 ha sido declarado por las Naciones Unidas Año Internacional del Saneamiento. Igualmente, de 2005 a 2015 se celebra el Decenio Internacional del Agua. Tres buenas razones para abordar el tema del agua en África, un continente desbordante de recursos hídricos, pero donde más de la mitad de su población no dispone de agua potable ni de saneamiento adecuado. Una gestión eficaz e integrada de estos recursos es vital no sólo para la supervivencia de millones de personas, sino para el despegue y desarrollo económico del continente.
El derecho al agua ha sido definido como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Un derecho aún vetado para 1.100 millones de personas –más de uno de cada cinco habitantes del planeta–, que no tienen acceso al agua potable, y para unos 2.400 millones de personas –cuatro de cada diez–, que no disponen de saneamientos adecuados.
África es el peor continente del mundo en cuanto a disponibilidad de agua potable: carecen de ella el 45 por ciento de su población y un 65 por ciento no tiene acceso a sistemas de saneamiento adecuado. Según el informe Derecho al Agua, de Ingeniería sin Fronteras y Prosalus, el acceso al agua es un derecho cuando se destina a usos personales y domésticos, como el consumo humano –para bebida y alimentación–, el saneamiento –evacuación de residuos humanos–, el lavado de ropa y la higiene personal y doméstica.
¿Derecho o necesidad? El derecho al agua se enmarca dentro de los derechos de segunda generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales. Siempre se ha considerado el acceso al agua una necesidad humana, como una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos: a la vida, a la alimentación, a la salud, a un medio ambiente saludable.
La cuestión semántica no es algo baladí, pues los derechos no se compran. Si el acceso al agua es declarado ‘derecho’ no se pueden tratar como una mercancía más. Y es que detrás del debate abierto sobre si el agua es definido como un derecho o una necesidad humana se esconden pingües intereses de las multinacionales del agua y los nuevos planes de privatización que se están llevando a cabo en muchos países en vías de desarrollo, con la financiación del Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales, para dar respuesta a la llamada crisis del agua.
Por tanto es primordial que cada país sea autónomo y sin vínculos que le aten a un país extranjero en lo referente al agua. Sin embargo, como afirma Anne Rutter, de la Red África-Europa Fe y Justicia, hay que reconocer que "el dinero necesario para este acceso debe llegar de algún sitio". Un equilibrio complicado en el que están intentado lidiar eficazmente numerosos grupos de la sociedad civil, del norte y del sur, que vigilan de cerca la gestión, administración y nuevos proyectos relativos al suministro de agua y saneamiento en los países en vías de desarrollo, pues a veces los proyectos de gestión se disfrazan de microcréditos o colaboraciones diversas.
Un informe reciente del Banco Mundial de marzo de 2008 sobre “cómo realizar correctamente la privatización” reconoce las dificultades encontradas en proyectos de privatización de agua en Mozambique, Senegal o Uganda. La victoria legal de Tanzania, en enero de 2008, contra la compañía inglesa Biwater es significativa. Un panel internacional de arbitraje ha condenado a la compañía, tras su mala gestión de un programa de privatización, a pagar a las autoridades tanzanas del agua cerca de ocho millones de dólares, suma suficiente para dar acceso al agua potable a más de 53.000 habitantes de Dar-es-Salaam. Biwater era beneficiaria de un procedimiento no competitivo y de una ayuda financiera del Banco Mundial.
Agua y Objetivos del Milenio. Facilitar el acceso al agua potable es el mayor desafío que tiene que afrontar la humanidad si quiere alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a los que se comprometieron todos los mandatarios en el año 2000. Para 2015, los ODM se proponen las loables metas de reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre (1); lograr la enseñanza primaria universal (2); promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer (3); reducir la mortalidad infantil (4); mejorar la salud materna (5); combatir el VIH/sida, malaria y otras enfermedades (6); garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (7) y fomentar una asociación mundial para el desarrollo (8).
En el séptimo objetivo es donde se incluye, como meta, la reducción a la mitad del porcentaje de personas sin acceso al agua y al saneamiento. Pero la consecución del resto de los objetivos también depende de la garantía del derecho al agua.
En cuanto al primer objetivo, la reducción de la extrema pobreza, es incuestionable que son los pobres los que dedican parte de sus recursos –tiempo y dinero– para llevar agua a sus hogares; y son los pobres quienes contraen más enfermedades por la carencia de agua segura y saneamientos adecuados. Los objetivos relativos a la salud, como el 4, el 5 y el 7, están íntimamente relacionados con la escasez de agua.
La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año 1,8 millones de niños en todo el mundo, la mitad en África subsahariana, mueren como consecuencia directa de diarreas o enfermedades contagiosas ocasionadas por aguas contaminadas, al no disponer de agua potable y saneamientos adecuados.
El segundo objetivo –lograr la enseñanza primaria universal– también está relacionado con la disponibilidad de agua. Muchas niñas de zonas rurales se ausentan de las aulas para ir a buscar agua a la fuente o punto más cercano. En las zonas rurales de Benín, niñas de entre 6 y 14 años dedican más de una hora al día para ir a buscar agua; los niños, unos 20 minutos.
Esta división del trabajo según el género también perjudica a las mujeres que tienen que caminar hasta 10 kilómetros diarios para ir a buscar agua, una actividad cotidiana que les resta tiempo para poder participar en actividades comunitarias o en la mejora de sus capacidades para alcanzar mayor autonomía. Esta carga cotidiana, por tanto, frena también la consecución del tercer objetivo del Milenio, relativo a la promoción de la igualdad.
Saneamiento adecuado. "Los expertos predicen que, en 2015, 2.100 millones de personas todavía carecerán de servicios básicos de saneamiento. Al ritmo actual, el África subsahariana no alcanzará el objetivo fijado hasta el año 2076”, advertía Ban Ki-moon el pasado 23 de marzo, Día Internacional del Agua.
No contar con un saneamiento adecuado, a través de sistemas de evacuación –sean fosas sépticas, letrinas o inodoros–, tiene un coste sanitario muy alto. El problema se agrava cuando hay grandes concentraciones humanas, como las que se producen en los suburbios o periferias de las grandes ciudades, pues la falta de un tratamiento adecuado de las aguas residuales se convierte en un auténtico problema de salud pública. Además, el no disponer de sistemas de canalización para el tratamiento de las aguas residuales afecta a los recursos hídricos disponibles, pues contamina las aguas subterráneas, perjudicando también a la pequeña producción agrícola de subsistencia o a los animales domésticos destinados a la alimentación.
Sin embargo, los expertos consideran que facilitar saneamientos similares a los que disfrutamos todos los privilegiados que vivimos en los países ricos sería algo insostenible para el planeta. “En las zonas urbanas de los países pobres los inodoros con cisterna y conexión al alcantarillado rara vez resultan rentables, es frecuente que no funcionen, y si funcionan son un lujo que a menudo sólo llega a un reducido grupo de privilegiados”, asegura el informe Derecho al Agua. Una solución más viable y asequible sería la construcción de fosas sépticas o letrinas, gestionadas, con ayuda y financiación adecuada, por la propia comunidad beneficiaria.
En definitiva, para garantizar el derecho al agua hay que crear un marco jurídico propicio que ampare tal derecho, movilizar los recursos financieros necesarios y, por último, realizar la transferencia de tecnología a los países que los necesitan. Los efectos de tales inversiones serán inmediatos. “Se estima que cada dólar que se invierte en agua y saneamiento redunda en una actividad productiva por valor de 7 dólares, que se suma al incalculable beneficio que supone la reducción de la pobreza, la mejora de la salud y el aumento del nivel de vida”, explica Ban Ki-moon.
Para saber más sobre el agua en África
* Red para el Agua en África (Africa Water Network):
Revista Mundo Negro
Los templarios demandan al Papa por la suspensión de la orden en 1307
