“Como centros de bioética confirmamos los profundos consensos éticos que existen en los procesos del final de la vida”, apunta el Grupo en un comunicado. “Todos estamos de acuerdo en la licitud de una adecuación del esfuerzo terapéutico, en el rechazo de tratamientos fútiles, en dejar morir en paz, en el derecho a rechazar tratamientos desproporcionados, el valor de las voluntades anticipadas, el valor de una información adecuada y del consentimiento informado, el derecho a saber y no saber, la importancia de planificar los cuidados al final de la vida”, subrayan los expertos.
Asimismo, se oponen “a la obstinación terapéutica, el ensañamiento o alargar sin sentido la existencia”. Y es que “hay que dejar morir en paz a las personas”. Además, el grupo de las UNIJES admite que “comprendemos y sentimos hondamente el deseo de morir de algunas personas en situaciones dramáticas”. Sin embargo, esta “comprensión y compasión” no tiene como resultado “pensar que lo mejor es que sus deseos de morir sean atendidos y se conviertan en un derecho”.
Sensibilidad moral
“Estas situaciones dramáticas necesitan pasar por una deliberación común, por un proceso de diálogo social para preguntarnos todos qué debemos hacer”, apuntan los expertos. “Como sociedad, la respuesta que demos a estas situaciones refleja nuestra grandeza y sensibilidad moral”.
Por otra parte, advierten que “no es fácil regular la práctica de la eutanasia sin que se produzcan abusos, se rompan y salten ciertos límites, se busquen ampliaciones provocando un deterioro y fragilización del final de la vida”. Del mismo modo, esta ley “no favorece a las personas más vulnerables”, ya que “la mayoría de las peticiones de eutanasia tienen una causa social como la soledad, la depresión, el sentimiento de ser una carga para la familia y la sociedad”. “Otorgar un derecho sin abordar las causas sociales de muchas peticiones es un acto intolerable”, subrayan.
Del mismo modo, señalan el perjuicio que puede suponer para la medicina y para los médicos. “La eutanasia supone una ruptura en la tradición médica milenaria desde el Juramento Hipocrático que les impide matar a nadie, aunque se lo pidieran”, añade el grupo, que también insiste en que “establecer una ley de eutanasia como prestación sanitaria en este momento de crisis económica y social tendrá un efecto devastador sobre los cuidados paliativos”.
Por último, los expertos aseveran que “esta proposición de ley no es una ley dialogada. No se han consultado a las asociaciones de enfermos de cáncer, de mayores, de discapacitados, de enfermos con enfermedades degenerativas, de tetrapléjicos, etc. No se han tenido en cuenta a la Organización Médica Colegial ni el dictamen del Comité de Bioética de España”. Además, apuntan que “esta proposición de ley no está siendo demandada”, y subrayan la necesidad de “dejar las ideologías y acercarse en este tiempo de pandemia a la brutalidad de lo real”.
Elena Magariños
Vida Nueva
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