Cáritas Bolivia defiende los derechos de los campesinos sin tierra

Los obispos bolivianos consideran el latifundismo "profundamente injusto"

Francisco Callecerrudo es un campesino boliviano de 38 años. Vive con su mujer y sus cuatro hijos en el pueblo de Punilla y explica que le preocupa un problema bastante común para la mayoría de los habitantes de las zonas rurales de su país: “Tengo una hectárea para cultivar papas y criar algunas ovejitas, pero como no tengo documentos de propiedad tengo miedo que cualquier día puede llegar otra persona y echarnos. A muchos les ha pasado y han tenido que marcharse a buscar trabajo a la ciudad”.

Los miedos de Francisco no son infundados. Durante varias décadas Bolivia ha tenido leyes de reforma agraria que han favorecido la concentración de la tierra en pocas manos, primero de los militares y después de líderes políticos que recibieron parcelas como pago por favores. Según explica Marcelo Ortega, responsable del Programa Tierra de Cáritas Bolivia, una ley que estuvo vigente de 1953 a 1992 distribuyó 44 millones de hectáreas con resultados desastrosos, que provocó que el 97 por ciento de la propiedad agrícola fuera a parar a manos de sólo un 20 por ciento de propietarios. Una gran masa de campesinos, que representan el 80 por ciento restante tiene a su disposición sólo un 3 por ciento del total de la tierra de explotación agrícola. Para este abogado que trabaja por los derechos de los más pobres, “este desigual reparto es fruto de haber despojado a muchos campesinos de sus tierras por parte de personas con grandes influencias políticas”. El resultado ha sido que “los indígenas que perdieron su tierra se han sentido extranjeros en su propio país”.

El Programa Tierra de Cáritas Bolivia tiene como fin ayudar a que las personas más vulnerables del medio rural tengan un título de propiedad que les garantice una estabilidad. Para ello organiza cursillos de formación para líderes. Allí aprenden aspectos jurídicos, análisis de la realidad, conceptos básicos sobre derechos humanos y habilidades de liderazgo. “Siempre nos basamos en la doctrina social de la Iglesia y las cartas pastorales de nuestros obispos sobre el tema de la tierra”, señala Ortega.

Francisco Callecerrudo es uno de esos líderes que han recibido esta capacitación y que luego han organizado a sus vecinos. El mismo es responsable de coordinar a seis comunidades rurales en Punilla. Apoyándose en esta red de grupos en pueblos, el Programa Tierra de Cáritas trabaja para que cada familia reúna la documentación que les permita tener sus títulos de propiedad, un proceso que suele ser largo y difícil.

Para realizar esta legalización de las propiedades (que en Bolivia llaman “saneamiento”), la Iglesia se apoya en una ley de la tierra que se promulgó en 1996 para favorecer a los pequeños propietarios y que originariamente debía haber durado diez años, pero que, en vista de los pocos resultados conseguidos, se prolongó por otros siete.

Marcelo Ortega no tiene dudas sobre la causa de la poca efectividad de la ley: “Los terratenientes tienen influencias, poder y dinero y los usaron con el anterior gobierno. Con el actual, usan la fuerza”. El problema, según explica, es particularmente grave en la región oriental de Bolivia –que reclama la autonomía-, donde grandes latifundistas que adquirieron sus tierras de forma ilegal echando a los campesinos con falsos documentos se arman con ayuda de grupos paramilitares. Aún está reciente en la memoria de todos el incidente acaecido en Alto Parapetí, donde un norteamericano dueño de una gran propiedad de 53.000 hectáreas organizó un “grupo de choque” que recibió con pedradas y disparos a una comisión oficial de saneamiento que había acudido a revisar su finca. Algunos de sus miembros, junto con algunos periodistas, fueron aprehendidos como rehenes.

Convenio con el Gobierno boliviano

A estas resistencias se suma, además, la falta de medios técnicos y agrimensores para poder hacer los planos de las propiedades rurales, lo que ralentiza el proceso. Cáritas Bolivia ha firmado un convenio con el Gobierno por el que se compromete a realizar estas labores técnicas en 12 comunidades. Esta labor cuenta con el apoyo de fondos enviados por Cáritas Española.

Los obispos de Bolivia han publicado cartas pastorales sobre el tema de la tierra en las que hacen hincapié en algunos principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. En una de ellas afirman que “la propiedad privada es un derecho fundamental, pero que sólo está garantizado cuando cumple una función social al servicio del bien común”. También recuerdan que el principio de que “la tierra es para quien la trabaja” se encuentra ya en la pionera encíclica de León XIII Rerum Novarum, escrita en 1898.

La nueva Constitución de Bolivia prohíbe el latifundismo, entendido como la tenencia improductiva de la tierra, y establece también (artículo 398) que en ningún caso la superficie máxima de una hacienda podrá exceder las 10.000 hectáreas. La más reciente carta pastoral de los obispos considera el latifundismo como “intrínsecamente injusto”. Además, los obispos de Bolivia han condenado repetidamente la práctica de la servidumbre, un régimen bastante común en las grandes haciendas de terratenientes por el que se hace trabajar a campesinos pobres de forma gratuita para el patrón, a cambio únicamente de comida y un alojamiento precario. Este sistema de auténtica semi-esclavitud mantiene a estas personas ligadas a los latifundistas al hacerles creer que tienen deudas que no terminan nunca de pagar.

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