Alegan que el decreto vulnera los acuerdos entre el Vaticano y el Estado
Han sido meses de negociación y de presión a diferentes niveles. Pero, al final, los obispos no han conseguido un acuerdo con el Gobierno vasco sobre el tratamiento de la religión en el Bachillerato y, en una decisión sin precedentes en España, han recurrido el decreto ante los tribunales de lo contencioso administrativo.
Ahora serán los jueces los que resolverán si la religión debe contar con una asignatura alternativa para que la cursen los alumnos que no quieren estudiar la materia religiosa, tal y como defienden los obispos para que su materia no pierda rango académico. Al no disponer de alternativa, los alumnos que no siguen Religión pueden salir antes de clase, lo que podría invitar a muchos a no cursar la enseñanza religiosa.
Los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, Ricardo Blázquez, Juan María Uriarte y Miguel Asurmendi, respectivamente, justifican su decisión de acudir a los tribunales porque el decreto del Gobierno "ni se atiene a la legalidad ni valora suficientemente el bien social que aporta la enseñanza de la religión en la escuela". En un comunicado, al que se suma el obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, los prelados señalan que ese decreto contraviene "el texto y el espíritu de un Pacto Internacional al que el Gobierno vasco debe atenerse: los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado", en los que se estipula que "el hecho de recibir o no la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar". Y según los obispos, resulta "claro" que la carga académica mayor para los que eligen la clase de Religión frente a los que no la eligen "constituye, en el ambiente y mentalidad escolares, una discriminación real".
El decreto de Bachillerato, que ha entrado en vigor en el actual curso 2009-2010 (aunque fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero), permite que la Religión quede en los institutos como una asignatura extraescolar. Es decir, no se establece ningún tipo de materia alternativa para los alumnos que decidan no elegir aquélla. Eso significa que los alumnos que quieran dar religión (de oferta obligatoria por parte de todos los centros, pero optativa para los alumnos) tienen una hora más de clase a la semana en cada uno de los dos cursos de Bachillerato. El ejemplo práctico es que los institutos han colocado la clase de religión al principio o al final de la jornada, con lo que los estudiantes que no dan la materia salen una hora antes del centro o entran una más tarde.
"La ausencia de actividades alternativas", critican los obispos, "supone una penalización de la Religión y un motivo disuasorio en contra de su elección". "Cualquier clase desprovista de alternativa vinculante", añaden, pierde rango académico y talla numérica. Más aún si, como ha sucedido con mucha frecuencia, los centros han desplazado estas clases a horas marginales dentro del horario escolar". Desde que conocieron las intenciones del departamento (en mayo del año pasado), los obispados han mantenido contactos con el Ejecutivo para reclamar un cambio en la normativa y un mayor apoyo a la Religión en la escuela pública. Durante el verano recrudecieron la presión y ya advirtieron de que estaban dispuestos a llegar hasta los tribunales, lo que han materializado ahora. El obispo de San Sebastián llegó a entrevistarse con el lehendakari y el de Vitoria acusó al Gobierno de poner en peligro la enseñanza de la Religión durante su homilía en honor de la Virgen Blanca, en el día grande de las fiestas vitorianas (5 de agosto).
El argumento de Educación para no ceder a las presiones es que el decreto responde a una sentida y unánime reclamación de directores, padres y profesores de la escuela pública, que están empeñados en que la confesión católica no se imparta en estos centros. Pero como eso no es posible, porque la ley obliga a ofertar la materia, demandan que se ofrezca como materia extraescolar.
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