Según el anuncio del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), la decisión sobre la orden internacional de arresto contra el presidente sudanés Omar-El-Bashir se tomará en La Haya mañana, día 4 de marzo. Ni que decir tiene que el país, los países árabes y muchos otros gobiernos e instituciones internacionales están expectantes y que la tensión se incrementa cada día y todos hacen cábalas de lo que pasará si, como se espera, se confirman los cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y se dictan las órdenes internacionales de arresto. Todo puede pasar.
La situación que describimos ahora no tiene parangón ni precedente alguno. Estamos hablando de cargos de un tribunal de jurisdicción internacional reconocido por más de 100 países contra un presidente en ejercicio, una situación inaudita en la escena jurídica internacional.
Una de las preocupantes noticias que han saltado a los medios en estos días ha sido el anuncio del Movimiento para la Justicia y la Igualdad, una de las milicias opositoras de Darfur, denunciando que las unidades paramilitares de las Fuerzas Populares de Defensa preparan acciones para sembrar el caos en diferentes sitios de la capital y atacar a personas o instituciones que hayan defendido o apoyado el proceso iniciado por el Fiscal Moreno-Ocampo y el TIJ.
Las Naciones Unidas y las oenegés internacionales estarán también en estado de alerta ante posibles ataques contra sus bases y su personal. Las posibilidades de que ocurra algo así no son remotas: ya cuando murió en un accidente aéreo el antiguo líder del Sur, John Garang, ciudades cuyas calles hasta entonces eran prácticamente balsas de aceite como Jartúm y Juba se convirtieron en verdaderos campos de batalla y el espectro de la anarquía generalizada casi se hizo realidad durante varios días.
Es obvio que hay una gran cantidad de rabia contenida, y en muchos casos provocada por el gobierno en el poder, maestro en azuzar a las masas para que se manifiesten "espontáneamente" contra los elementos extranjeros, el "contubernio" occidental que presuntamente quiere acabar políticamente con el presidente Bashir y con su sistema o, cuando menos, hacerle la vida imposible. Por tanto, llaman a la autarquía, a que los países africanos retiren su aceptación del TIJ y a que apoyen la "justa" causa del presidente, el cual, por si fuera poco, no solo arengó en público a sus fuerzas armadas diciendo que "no quería prisioneros ni poblados, sino tierra quemada", sino que tiene bajo su protección a dos personas buscadas por el tribunal contra las que hay ya órdenes de arresto para que testifiquen sobre atrocidades y violaciones de Derechos Humanos en Darfur.
Se habla que si hubiera ataques generalizados contra las instituciones internacionales, la ONU podría incluso tomar la decisión de salir del país, lo cual dejaría al mismo a merced de los elementos más violentos de la sociedad, especialmente en las situaciones de conflicto abierto que se están dando desde hace años en Darfur.
Mañana podremos saber si las evidencias presentadas por el Fiscal General del TIJ, el argentino Luis Moreno-Ocampo, han convencido a los jueces, hasta el punto de arremeter contra toda la jurisprudencia anterior con su inmunidad diplomática y hacer arrestar a un presidente en ejercicio.
Alberto Eisman
Jaén, 1966. Licenciado en Teología y máster en Políticas de Desarrollo. Ha sido director de país de Intermón Oxfam para Sudán donde se ha encargado de la coordinación de proyectos en Nairobi y Wau.
Muzungu
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