La Iglesia pide “diálogo” y “gestos de grandeza” para superara el clima creado por el conflicto del campo.
Vida Nueva) El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Alberto Fernández, dimitió este miércoles de su cargo a raíz del fuerte desgaste sufrido como interlocutor con los productores agropecuarios durante el conflicto del Gobierno con el campo. La presidenta, Cristina Fernández, ha nombrado para este puesto Sergio Massa, hasta ahora alcalde de la localidad bonaerense de Tigre. Esta dimisión inesperada es la última noticia destacada en relación con la grave crisis que sufre el país. El corresponsal de Vida Nueva en Buenos Aires, Washington Uranga, nos cuenta los pormenores de la crisis en el último número de la revista.
(Washington Uranga- Buenos Aires) Eran las 04:30 de la madrugada del 17 de julio, y el Senado, la Cámara Alta del Parlamento argentino, seguía sesionando después de casi 18 horas ininterrumpidas de deliberaciones. Pero no sólo los senadores estaban en vigilia. Gran parte de la ciudadanía del país seguía el debate por la televisión, que retransmitía en directo todas las intervenciones. Era la última etapa de un largo debate de más de 120 días que se dio a todos los niveles, también en las calles y rutas, entre el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Cristina Fernández, y los representantes del sector agropecuario. ¿El motivo? La decisión presidencial de aplicar derechos de exportación a los granos, en particular a la soja, del orden del 45% mínimo y móvil, siguiendo la oscilación de los precios en el mercado internacional. Los productores rechazaron la medida por “confiscatoria” y “anticonstitucional”. El Poder Ejecutivo, por su parte, reivindicó sus atribuciones para aplicar la medida y argumentó que se trataba de una decisión de política económica con la finalidad de “redistribuir el ingreso”.
Durante más de cuatro meses, el país se mantuvo en vilo por el conflicto. Mientras la presidenta Cristina Fernández y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, actual titular del oficialista Partido Justicialista, acusaban a los dirigentes agropecuarios de “golpistas”, los representantes del sector rural produjeron un lockout agrario y el corte de rutas que, durante varias semanas, desabastecieron las ciudades y alimentaron la inflación. El conflicto se tornó una puja por el poder, en la que se rompieron todos los puentes del diálogo y se radicalizaron las posiciones.
En medio del debate, Cristina Fernández anunció que lo recaudado por derechos de exportación sería destinado a la construcción de hospitales y caminos para las zonas más pobres y accedió someter la medida a la votación del Congreso. El oficialismo logró con dificultad superar la Cámara de Diputados. Pero en el Senado el debate se hizo áspero, la oposición se unificó y varios senadores del partido gobernante inclinaron su voto en contra de la iniciativa oficial.
En la Cámara Alta, la votación terminó empatada a 36. El vicepresidente de la nación y presidente del Senado, Julio Cobos, debía decidir con su voto -que sólo ejerce en el excepcional caso de empate- la suerte de la iniciativa oficial. Cobos, ex gobernador de la provincia de Mendoza, ocupó el segundo lugar de la fórmula presidencial del oficialista Frente para la Victoria como parte de una alianza entre el Partido Justicialista y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR). A raíz de aquella decisión, Cobos y otros dirigentes fueron expulsados de la UCR.
Un día antes de la votación en el Senado, dos manifestaciones populares en Buenos Aires, la capital, habían instalado el clima de la disputa. Las dirigentes rurales convocaron a una concentración buscando la solidaridad con los habitantes de la ciudad y tratando de capitalizar a su favor el ambiente de descontento con el Gobierno de las clases medias urbanas. Lograron reunir a 200.000 personas, según fuentes extraoficiales. En otro lugar y la misma tarde, el gobernante Partido Justicialista congregó a 100.000 personas para escuchar a Néstor Kirchner acusando de “golpistas” a los dirigentes del agro y garantizando “en nombre de la presidenta” que se acataría lo que resuelva el Congreso, “cualquiera que sea el resultado”.
Voto decisivo en contra
Aquella madrugada del jueves 17 de julio todo quedó en las manos y en la conciencia del vicepresidente del país, Julio Cobos. Y decidió votar en contra de la determinación del Poder Ejecutivo. “Traidor”, se escuchó decir desde el oficialismo, mientras los adictos “al campo” aplaudían lo que consideraron una victoria propia. “La historia me juzgará”, sentenció Cobos. Fue una derrota del oficialismo, y la mayor crisis política argentina en los últimos cinco años. Esto ocurre apenas seis meses después de que la presidenta Cristina Fernández asumiera su cargo.
El 18 de julio los rumores de una posible renuncia de la presidenta y los reclamos para la dimisión de Cobos llenaron los ambientes políticos. No sucedió ni una cosa ni la otra, pero el Poder Ejecutivo tuvo que derogar la medida adoptada el 11 de marzo. Los derechos de exportación (las conocidas “retenciones”, en lenguaje cotidiano) no desaparecieron, sino que volvieron al nivel anterior: 35% fijo. Lo que estuvo en juego fueron aproximadamente 2.300 millones de dólares de los Estados Unidos, que hubieran pasado al fisco y que ahora quedarán en manos de los dueños de las tierras y de los arrendatarios que conforman grupos dedicados a la siembra, en particular de soja, el grano que mejores precios y mayores ganancias genera en el mercado internacional.
Más allá del resultado económico, el conflicto “del campo” -como se lo denominó en Argentina- puso al descubierto las limitaciones de la dirigencia política y económica del país para canalizar las diferencias y solucionar conflictos. La imagen de la presidenta Cristina Fernández se debilitó seriamente. Las consecuencias políticas sólo podrán verse con el tiempo. Paradójicamente, la crisis se ha desatado en momentos en que el país atraviesa por una instancia económica positiva, con alto nivel de reservas fiscales y un crecimiento económico sostenido. La inflación, que ya supera el 20% anual según estimaciones extraoficiales, parece ser el único peligro a la vista.
Advertida de la profundidad de la crisis, la jerarquía de la Iglesia católica siguió el conflicto paso a paso, insistiendo en varias oportunidades sobre la necesidad del “diálogo”, reafirmando la vigencia de la democracia y de las instituciones. El 5 de junio, al final de una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente del Episcopado, los obispos dijeron que “es preciso que tomemos conciencia de que situaciones como ésta que vivimos nos menoscaban como comunidad, nos aíslan del mundo y, en definitiva, perjudican especialmente a los más pobres”. Los obispos pidieron allí “gestos de grandeza” y se comprometieron a contribuir “al fortalecimiento de la paz social y la democracia”.
Una visita “protocolaria” -según lo afirmado por los obispos- de la dirigencia del Episcopado, encabezada por el cardenal Jorge Bergoglio, al vicepresidente Julio Cobos el 1 de julio, desató la furia del ex presidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández. Para entonces, Cobos ya había mostrado señales de distanciamiento de la Presidenta, y la entrevista de los obispos fue leída como una señal adversa para el Ejecutivo. El 9 de julio, fecha en que se conmemora la independencia argentina, la presidenta Cristina Fernández decidió no asistir al acto religioso de acción de gracias (Tedeum) celebrado en la ciudad de Tucumán por el arzobispo Luis Villalba, vicepresidente del Episcopado. Allí, Villalba, en ausencia de la mandataria y sus ministros, abogó por el diálogo y aseguró que “el espíritu de concordia -de consenso- es un bien común que nadie puede poner en peligro”.
El “conflicto del campo”, como lo titularon los medios argentinos, ha dejado al Gobierno golpeado y en medio de una crisis que sólo se podrá evaluar con el transcurso del tiempo. Pero también tensó la cuerda de una relación cada vez más difícil entre la jerarquía católica y el Gobierno.
Vida Nueva
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