Brasilia (RD, Patricio Downes).- La enseñanza religiosa católica en las escuelas, como así también de otros cultos reconocidos, y los efectos civiles del casamiento religioso católico y de otras religiones, son dos de los aspectos sobresalientes sancionados por la Cámara de Diputados de Brasil, a última hora de la noche del miércoles, en Brasilia. A partir de la ley, cuando sea sancionada en Senado, Brasil reconoce diócesis, templos, exención impositiva eclesiástica y niega la relación laboral de curas y pastores respecto a sus organizaciones religiosas. El Plenario de la Cámara de Diputados los sancionó como parte de la aprobación del acuerdo entre Brasil y el Vaticano, que otorga un Estatuto Jurídico a la Iglesia Católica, por primera vez en su historia republicana. El texto pasó ahora al Senado para su aprobación definitiva. Hubo una negociación para lograr su aprobación, que incluyó la sanción del regulamiento del derecho constitucional de libre ejercicio de creenci y cultos religiosos.
Ahora decidirá el Senado, pero el acuerdo constituye un avance jurídico para la Iglesia Católica, además del reconocimiento explícito de todo su acervo histórico y cultural, como parte del patrimonio cultural brasileño. Y garantiza, hacia adelante, derechos que ya venía ejerciendo desde hace decenas de años.
Tal como lo anticipó la semana el presidente de la CNBB, Geraldo Lyrio Rocha, arzobispo de Mariana, la norma no priviegia a la Iglesia Católica y por el contrario amplía el espacio para los otros cultos reconocidos.
En relación al casamiento, el acuerdo establece que el matrimonio celebrad de acuerdo con las leyes de la Iglesia que respeta también las exigencias del derecho, tendrá efectos civiles. Y respecto a la enseñanza religiosa, el tratado menciona el respeto a la imporancia de esa disciplina, sea católica o de otra religión, pero con la opción de matrícula facultativa u optativa en la enseñanza fundamental de las escuelas públicas. Se descarta entonces que la asistencia a las clases de religión será por decisión de los alumnos y sus familias.
La información, confirmada por Agencia Brasil, los sitios de Folha do San Paulo y Jornal de Brasil, Rede Globo, en Internet, recuerda que el proyecto de decreto legilativo se trata del acuerdo ente Brasil y el Vaticano relativo al Estatuto Jurídico de la Iglesia Católica en el país, Estatuto Jurídico da Igreja Católica no País, firmado en noviembre de 2008.
Para dar vía libre al proyecto, los diputados aceptaron tratar el proyecto de ley del diputado George Hilton (PP-MG) que reglamenta el derecho constitucional de libre ejercico de creencia y cultos religiosos. Fueron cinco horas de duro debate, en el que los no religiosos atribuyeron al acuerdo privilegios para la Iglesia Católica y los evangélicos resultaron los más críticos.
Uno de los temas de ese proyecto es la validación de los casamientos religiosos, ya que permite que el casamiento celebrado por las religiones reconocidas en Brasil produzca efectos civiles si fuera hecho dentro de un registro habilitado.
El texto aprobado por la Cámara dos Diputados posee 20 artículos, que en la mayor parte de los casos, consolida los procedimientos que ya están sieno aplicados, dando a la Iglesia Católica la seguridad de que serán mantenidos en el futuro. El texto será analizado ahora en el Senado Federal.
El acuerdo comienza explicitando que la constitución brasileña garantiza el libre derecho de los cultos religiosos. El relator del dictamen, diputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), dijo que el texto no establece ningún privilegio para la Iglesia Católica, "pero sí fija normas que pueden ser consideradas de interés de todas las religiones". Según de Andrada, el acuerdo no se esta firmando con una religión, sino con un Estado, el Vaticano.
Entre otras cosas, el acuerdo establece el derecho de la Iglesia Católica de desempeñar su misión apostólica, observando el ordenamiento jurídico brasileño; reafirma la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y de todas las instituciones eclesiásticas, siempre que no contraríen el sistema constitucional brasileño; reconoce, como parte del patrimonio cultural brasileño, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la Iglesia atólica y estabelece que en observancia del derecho de libertad religiosa, Brasil afirma que respeta la importancia de garantizar, en las escuelas, la enseñanza religiosa católica, y de otras religines, asegurado el respeto a la diversidad cultural religiosa del país.
El acuerdo también legaliza las diócesis, glesias, los templos religiosos y los exime de tributación fisca. Además, legitima la existencia de los templos, permite la enseñanza religiosa facultativa en las escuelas, además de prohibir a los padres y pastores de crear vínculos de empleo o dependencia laboral con las iglesias o templos religiosos, explicó el diputado padre José Linhares (PP-CE).
Ahora decidirá el Senado, pero el acuerdo constituye un avance jurídico para la Iglesia Católica, además del reconocimiento explícito de todo su acervo histórico y cultural, como parte del patrimonio cultural brasileño. Y garantiza, hacia adelante, derechos que ya venía ejerciendo desde hace decenas de años.
Tal como lo anticipó la semana el presidente de la CNBB, Geraldo Lyrio Rocha, arzobispo de Mariana, la norma no priviegia a la Iglesia Católica y por el contrario amplía el espacio para los otros cultos reconocidos.
En relación al casamiento, el acuerdo establece que el matrimonio celebrad de acuerdo con las leyes de la Iglesia que respeta también las exigencias del derecho, tendrá efectos civiles. Y respecto a la enseñanza religiosa, el tratado menciona el respeto a la imporancia de esa disciplina, sea católica o de otra religión, pero con la opción de matrícula facultativa u optativa en la enseñanza fundamental de las escuelas públicas. Se descarta entonces que la asistencia a las clases de religión será por decisión de los alumnos y sus familias.
La información, confirmada por Agencia Brasil, los sitios de Folha do San Paulo y Jornal de Brasil, Rede Globo, en Internet, recuerda que el proyecto de decreto legilativo se trata del acuerdo ente Brasil y el Vaticano relativo al Estatuto Jurídico de la Iglesia Católica en el país, Estatuto Jurídico da Igreja Católica no País, firmado en noviembre de 2008.
Para dar vía libre al proyecto, los diputados aceptaron tratar el proyecto de ley del diputado George Hilton (PP-MG) que reglamenta el derecho constitucional de libre ejercico de creencia y cultos religiosos. Fueron cinco horas de duro debate, en el que los no religiosos atribuyeron al acuerdo privilegios para la Iglesia Católica y los evangélicos resultaron los más críticos.
Uno de los temas de ese proyecto es la validación de los casamientos religiosos, ya que permite que el casamiento celebrado por las religiones reconocidas en Brasil produzca efectos civiles si fuera hecho dentro de un registro habilitado.
El texto aprobado por la Cámara dos Diputados posee 20 artículos, que en la mayor parte de los casos, consolida los procedimientos que ya están sieno aplicados, dando a la Iglesia Católica la seguridad de que serán mantenidos en el futuro. El texto será analizado ahora en el Senado Federal.
El acuerdo comienza explicitando que la constitución brasileña garantiza el libre derecho de los cultos religiosos. El relator del dictamen, diputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), dijo que el texto no establece ningún privilegio para la Iglesia Católica, "pero sí fija normas que pueden ser consideradas de interés de todas las religiones". Según de Andrada, el acuerdo no se esta firmando con una religión, sino con un Estado, el Vaticano.
Entre otras cosas, el acuerdo establece el derecho de la Iglesia Católica de desempeñar su misión apostólica, observando el ordenamiento jurídico brasileño; reafirma la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y de todas las instituciones eclesiásticas, siempre que no contraríen el sistema constitucional brasileño; reconoce, como parte del patrimonio cultural brasileño, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la Iglesia atólica y estabelece que en observancia del derecho de libertad religiosa, Brasil afirma que respeta la importancia de garantizar, en las escuelas, la enseñanza religiosa católica, y de otras religines, asegurado el respeto a la diversidad cultural religiosa del país.
El acuerdo también legaliza las diócesis, glesias, los templos religiosos y los exime de tributación fisca. Además, legitima la existencia de los templos, permite la enseñanza religiosa facultativa en las escuelas, además de prohibir a los padres y pastores de crear vínculos de empleo o dependencia laboral con las iglesias o templos religiosos, explicó el diputado padre José Linhares (PP-CE).
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