Santo Domingo, 13 jun (EFE).- Jesuitas demandaron hoy un giro a la política migratoria de la República Dominicana que afecta básicamente a miles de haitianos y a hijos de éstos nacidos en el país, y subrayaron que "ninguna ley ni ningún reglamento pueden vulnerar los derechos protegidos constitucionalmente".
Los religiosos se expresaron así en momentos en los que en el país se debate la aplicación, desde el 1 de junio, del nuevo reglamento de migración, que exige entre otros puntos, que todos los extranjeros tengan permiso de residencia y especifica procedimientos de admisión de los trabajadores extranjeros temporales en el país.
La solicitud de los jesuitas coincidió, además, con la decisión hoy de la Dirección General de Migración y el Ministerio de Educación de dar marcha atrás a su decisión de impedir la matriculación en las escuelas de los estudiantes indocumentados.
Los jesuitas, reunidos en los Centros Sociales de la Compañía de Jesús en República Dominicana, criticaron en un comunicado la "obstinación" del director de Migración, José Ricardo Taveras, por "no consensuar iniciativas que ayuden a ordenar el flujo migratorio con un enfoque integral, coherente y participativo".
Si bien se declararon "conscientes" de que los estados son soberanos para definir la política migratoria, señalaron que esta "siempre debe responder al fortalecimiento del Estado de Derecho" porque "ninguna ley ni ningún reglamento pueden vulnerar los derechos protegidos constitucionalmente".
Para los religiosos, la aplicación de las leyes migratorias "debe ser razonable y justa, y no puede ir en desmedro de la institucionalidad democrática del país; incluyendo el reconocimiento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos humanos y promueven la justicia social"
De acuerdo con dicho planteamiento, el reglamento para la aplicación de la Ley General de Migración se realizó "en total hermetismo" sin tomar en cuenta "los aportes y sugerencias de varios actores económicos y sociales relevantes", lo que, según los religiosos, "no se corresponde con la transparencia y el principio democrático de la rendición de cuentas".
Incluso, agregaron, la normativa no fue conocida ni discutida por el Consejo Nacional de Migración antes de ser promulgada, como lo ordena la Ley de Migración.
Sobre la decisión de Migración y de la cartera de Educación de impedir la inscripción de estudiantes indocumentados, señalaron que la misma contradice el artículo 63 de la Constitución del país, que establece el derecho universal a la educación.
Los jesuitas favorecieron que los responsables del Consejo Nacional de Migración "se activen en el menor tiempo posible para que la política migratoria no responda a un diseño unilateral, sino a procesos de diálogo multisectorial, transparentes y participativos de conformidad con el espíritu democrático de nuestra Constitución".
Asimismo, confiaron en que la política migratoria sea una prioridad para el Gobierno del presidente electo, Danilo Medina, quien se estrenará en el cargo el próximo 16 de agosto.
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que cerca de un millón de haitianos reside en el país, la mayoría en situación irregular, dedicados a trabajos agrícolas, hostelería, construcción y otros sectores.
En víspera de la entrada en vigor del reglamento de Migración, el embajador de Haití en el país, Fritz Cineas, pidió a las autoridades locales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los haitianos residentes en el país, normativas que están, en su opinión, "por encima de cualquier estatus migratorio".
Las autoridades dominicanas han negado en diferentes escenarios que en el país se cometan atropellos en contra de los haitianos, si bien señalan que la nación no puede cargar con el peso que conllevan los costos humanos y económicos de la situación de Haití, el país más pobre de América. EFE
Texto: Univisión
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