PANAMÁ, 25 Sep. 08 / 04:02 pm (ACI).- Diversos grupos pro-familia denunciaron que los Ministerios de Salud y Educación aprovecharon la ausencia de los obispos católicos –que se encuentran de visita ad limina en el Vaticano– para presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional un polémico proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que violaría el derecho de los padres de familia a decidir sobre la educación sexual de sus hijos.
El referido proyecto ha sido elaborado por la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, conformada por el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y entidades civiles.
Aunque el proyecto es promovido como un arma para mejorar los indicadores de salud materna, embarazos precoces y SIDA, ha sido severamente cuestionado por otorgar llamados "derechos sexuales" a los menores de edad, "quitándonos a los padres la posibilidad de involucrarnos y corregir con amor, los comportamientos sexuales peligrosos de nuestros hijos", según informaron fuentes pro-familia a ACI Prensa.
Las mismas fuentes denunciaron que el proyecto fue presentado "aprovechando la visita de nuestros obispos a Roma".
Asimismo, denunciaron que la Ministra de Desarrollo Social, Maria Roquebert, "ha dicho que la ley había sido ‘consensuada con la Iglesia Católica’. Eso es una gran mentira".
En efecto, desde Roma y antes que se presente el proyecto, el Presidente de la Conferencia Episcopal Panameña y Obispo de David, Mons. José Luis Lacunza, declaró a Radio Vaticana que como ocurre en otras regiones del mundo, también en Panamá se libran batallas por la defensa de la familia y de la vida.
"En Panamá sufrimos esos ataques más o menos directos o solapados; en estos dos últimos años en los que se ha hecho intentos en las áreas de salud y educación, de introducir bajo el título de salud sexual y reproductiva y educación para el amor, en las leyes de salud y programas de educación bajo la perspectiva de género, sexo seguro, una formación", indicó el Obispo.
Consultada por ACI Prensa, Daisy de Guevara, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar, consideró que "de ser cierto que están aprovechando la ausencia de los obispos para aprobar esta ley, como ciudadana, pienso que se trata de una actitud irresponsable e irrespetuosa".
"En consultas previas a la sociedad panameña, la Iglesia ha mostrado muy claramente su oposición a este anteproyecto de ley. Muchos artículos riñen con los principios de la Iglesia. La perspectiva de género, es decir que hay un cuerpo disociado de la psicología y la espiritualidad no es compatible con la visión integral de la persona humana de la moral católica. Los nuevos ‘sexos’ y la homosexualidad están contemplados maquilladamente en este proyecto y nosotros creemos que estos no son inocuos sino fuente de una serie de problemas y sufrimiento para estas mismas personas. Este es un tema no negociable para la Iglesia Católica", explicó.
Por su parte, Juan Francisco de la Guardia Brin, Instituto Panameño de Educación Familiar, denunció en un artículo publicado por el diario La Prensa que el proyecto en cuestión "distorsiona la grandeza de la sexualidad humana, pues hace obligatoria la educación sexual basada en la perspectiva de género e introduce una ideología contraria a la promoción de la familia como pilar de nuestra sociedad".
"No solo se introduce una concepción hedonista y equívoca de las relaciones sexuales enseñando a niños y adolescentes desde tempranas edades las diferentes alternativas de orientación sexual. Bajo la premisa de evitar los embarazos en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual como el VIH/sida, expone a los menores de edad al uso indiscriminado de métodos anticonceptivos artificiales a tempranas edades con poca o ninguna supervisión médica, y se patrocina la promiscuidad, lo que hará aumentar aún más los índices de embarazos en adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual, que pueden llevar hasta la muerte", explicó.
Para de la Guardia "es inadmisible que se impida a los padres conocer y tomar decisiones en los riesgos y dificultades que enfrenten sus hijos. Y eso es lo que se pretende con el artículo de ‘derecho a la confidencialidad’. En ese artículo se imponen sanciones a quienes divulguen información de cualquier persona y de cualquier edad que haya consultado a quien sea respecto al tema de sexualidad y reproducción".
"Son los padres de familia a quienes les pertenece el derecho y el deber de velar por el sano desarrollo integral de sus hijos menores de edad", recordó.
"Los proponentes de esta ley, los que voten por ella en la Asamblea Nacional y quienes sean cómplices en su cumplimiento, tendrán que hacerse responsables penal y civilmente de los estragos que causen a cualquier persona a nivel físico, psíquico, moral y espiritual", indicó.
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