El arzobispo de Durango y varios sacerdotes de otras diócesis son víctimas de la violencia que sufre el país
(Pablo Romo Cedano- México DF) El viernes 17 de abril, el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, manifestó en público lo que todos saben: el gran capo de la droga mexicana, el famoso Joaquín El Chapo Guzmán -implicado en el tiroteo que costó al vida al cardenal Posadas-, vive en su diócesis. “Más adelante de Guanasevi, por ahí vive ‘El Chapo’, todos lo sabemos, menos la autoridad”, desveló el prelado. Hoy, es llamado por la policía a declarar y ha sido amenazado. Se cree que la denuncia del arzobispo puede traer consecuencias importantes para la Iglesia de esa diócesis.
En los últimos meses, muchos sacerdotes han sufrido amenazas y comparten con la población la tensión por la violencia en varias partes del país. El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, por ejemplo, fue liberado tras haber sido secuestrado por un grupo de sicarios en los límites de Michoacán y Guanajuato, y el director de la Casa del Migrante de Tenosique (Tabasco), fray Blas Álvarado Jiménez, recibe amenazas desde hace meses por parte de Los Zetas, un grupo de militares convertidos ahora en delincuentes. Éstos son sólo algunos ejemplos.
Y es que los sacerdotes y religiosas “saben demasiado”. La gente que es obligada a colaborar con el crimen organizado se confiesa con sus pastores, trata en confidencia esos temas con las religiosas, y las autoridades, frecuentemente coludidas, no hacen nada.
Vida Nueva
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