América Latina rechaza la nueva normativa de la UE sobre inmigración
(Vida Nueva) “Lo que ha hecho Europa es una vergüenza”, se lamentaba recientemente el presidente de Ecuador, Rafael Correa, tras conocer la directiva aprobada por el Parlamento Europeo que prevé, entre otras medidas, el internamiento de los inmigrantes ilegales por un máximo de seis meses antes de su expulsión, un período que puede extenderse por otros doce en casos excepcionales. Esta normativa de retorno de inmigrantes ilegales, que recibió el visto bueno de los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE), entrará en vigor dos años después de su publicación oficial y afectará a los cerca de ocho millones de inmigrantes latinoamericanos presentes en la UE.
“¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país, se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?”, se preguntaba el mandatario ecuatoriano.
Su reacción es sólo una de tantas en todo el continente latinoamericano ante lo que consideran unánimemente una violación del derecho a la libre circulación de personas y que, además, equipara a los afectados con auténticos criminales.
Desde Bolivia, su vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó que, al criminalizar la migración, Europa retrocedió a la era del oscurantismo y que la globalización que propugna es sólo económica y no de personas ni ideas, informa el corresponsal de Vida Nueva en La Paz, Ronald Grebe. Según García Linera, la decisión de la UE tendrá sus consecuencias en el tema de las remesas que los migrantes envían a sus familiares en el país, pero también puede llegar a tener efectos positivos, porque muchas de las personas que se fueron son gente formada que podrían retornar y contribuir a Bolivia.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), a través de su presidente, Rolando Villena, planteó a los países latinoamericanos, al Gobierno boliviano y a las instituciones que defienden los derechos humanos, estrechar filas para revertir la decisión europea de criminalizar la migración.
Según estudios realizados en España y en Bolivia por la Asociación de Cooperación Bolivia España (Acobe) y la Asociación de Migrantes Bolivia España (Amibe), 500.000 compatriotas viven en países de Europa, de los cuales, 350.000 lo hacen en España: un 65% (227.500), de manera irregular, frente a un 35% que tiene sus papeles en regla.
Mientras, el canciller boliviano, David Choquehuanca, aseguró que hay posibilidades de mejorar la nueva norma europea en el marco de las reuniones para lograr un acuerdo de asociación entre los países europeos y Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Choquehuanca explicó que existe un programa con el que se facilita la “regularización de pasaportes” y que será ampliado para ayudar a los bolivianos en el extranjero. “Debemos atender a dos millones de bolivianos que están en el exterior”, indicó el canciller, señalando que con trámites ágiles se les permitirá regularizarse antes de 2010, año en que la directiva de la UE entra en vigor.
Por su parte, el prefecto de Oruro, Alberto Aguilar, manifestó que ahora es responsabilidad de las autoridades bolivianas fomentar la actividad productiva y la generación de empleo, para evitar la salida de más bolivianos.
A pesar de que en la vecina Perú la reciente disposición legal aprobada por el Parlamento Europeo sobre la inmigración todavía no ha llegado a convertirse en objeto de protestas y reacciones populares, sí se han producido las primeras manifestaciones de sorpresa y rechazo por parte del presidente de la República, de miembros del Parlamento y de algunos periodistas e investigadores sociales, informa María Rosa Lorbés.
Desde Lima, la corresponsal de VN desvela que la norma ha sido calificada de ultranacionalista, xenófoba y racista, al tiempo que hace notar también que se ha interpretado como una especie de puñalada por la espalda tras el abrazo simbólico de la reciente Cumbre de Presidentes, ya que es contraria a los acuerdos suscritos en la Declaración de Lima sobre protección a inmigrantes latinoamericanos. Asimismo, da cuenta de que, en muchas de las opiniones, se ha lamentado la ingratitud de los países europeos en general, cuyos nacionales han olvidado que ellos mismos migraron el siglo pasado hacia América Latina en busca de mejores horizontes.
El presidente peruano, Alan García, anunció que pedirá a José Miguel Insulza una reunión de los jefes de Estado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para pronunciarse sobre la directiva de la UE. “Esto es absolutamente injusto y poco cristiano”, dijo el jefe de Estado. Añadió García que, si se apuesta por la globalización y el libre mercado, esto debe implicar también la globalización del empleo y del desplazamiento de las personas por encima de las fronteras. Pero matizó que confía en que la UE reconsidere su posición, porque él tiene muchos amigos en Europa y sabe que los europeos no son unos bárbaros.
El vicepresidente del Parlamento Andino, el peruano Wilbert Bendezú, por su parte, solicitó el sábado 21 de junio que se convoque con carácter de urgencia a la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat). “El Observatorio de la Migración es uno de los acuerdos centrales en la Eurolat y prácticamente queda sin piso con esta directiva del Parlamento Europeo (PE)”, dijo. Uno de los diarios más importantes de Lima sugiere también que se podría llevar el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, la misma que podría pronunciarse sobre si esta norma discriminatoria no viola principios que los propios países europeos reconocen para sus nacionales.
Vida Nueva
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