Este lunes 30 de julio se inicia una asamblea extraordinaria de obispos, la primera desde que el Papa Francisco recibió la renuncia masiva de los prelados chilenos. La cita estará marcada por las nuevas directrices de Roma sobre los abusos cometidos por clérigos. Las miradas se centran en el cardenal Ricardo Ezzati, sobre quien arrecian las acusaciones de omisión y encubrimiento en casos de abusos sexuales. CIPER reconstruyó su historial de actuaciones cuestionadas que se arrastran desde los años 80, y su alianza con el arzobispo Errázuriz para ahogar el caso Karadima y desacreditar a sus víctimas.
La asamblea extraordinaria de obispos que se inicia este lunes 30 de julio, es la más compleja que ha enfrentado la jerarquía de la Iglesia Católica en los últimos años. No solo porque la mayoría de los prelados que la integran llega a la cita con sus renuncias aún pendientes en el escritorio del Papa Francisco. También porque su principal figura, el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, asistirá despojado de todo poder debido a su inminente retiro, con su credibilidad en el suelo y citado a la Fiscalía en calidad de imputado por el eventual encubrimiento de abusos sexuales. A ello se suman las críticas en su contra que han sostenido por años las víctimas de Fernando Karadima. Este escenario provocó la reacción de un sector de laicos, los que en un hecho inédito “funaron” al cardenal al interior de la catedral metropolitana, exigiendo su renuncia.
Ricardo Ezzati carga con acusaciones de haber encubierto abusos cometidos por clérigos desde mediados de los años 80 y ese largo historial pesa en la decisión que debe adoptar el Papa Francisco para nominar a su sucesor en Santiago: el escogido no puede verse envuelto en nuevas denuncias. La tarea no es fácil. Los informes de los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, quienes completaron 16 días en Chile en dos visitas –febrero y junio– y tomaron más de 110 declaraciones, no solo consignaron testimonios de víctimas de abusos, también relatos sobre omisiones y eventuales encubrimientos que afectan a diversas diócesis, pero donde también figuran los dos cardenales chilenos: Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz.
“Todos pensábamos que al cardenal Ezzati lo iban a cambiar antes de la asamblea. Si el Papa no le ha aceptado la renuncia todavía, es porque le ha costado encontrar un sucesor no contaminado”, dice un prelado que participará en la reunión extraordinaria de los obispos y que pide la reserva de su nombre.
En todo caso, nadie se atreve a descartar que Roma anuncie la sucesión en la víspera de la asamblea o durante su desarrollo. Más aún, después de que en la última semana arreciaron los rumores de que Francisco ya había aceptado la renuncia de Ezzati.
No fue solo la cercanía de la asamblea episcopal la que atizó esos rumores. Otros tres hitos golpearon el nombre del cardenal: la denuncia acerca de que en 2006 no apartó del trabajo con jóvenes a un presbítero de Concepción que posteriormente fue acusado de violar a un menor; la filtración de la carta que le escribió en 2012 el obispo Alejandro Goic, en que le reprocha no acoger a las víctimas de abusos y la bomba que detonó el fiscal Emiliano Arias, que lo citó a declarar como imputado por el eventual encubrimiento de los abusos cometidos por el canciller del arzobispado capitalino, Óscar Muñoz.
En los círculos eclesiales no solo hay expectación por la demora en la sucesión de Ricardo Ezzati. También se espera el destino que le dé el pontífice al cardenal Francisco Javier Errázuriz, cuya negligente actuación frente a los abusos del sacerdote Fernando Karadima sigue sumando sorpresas. A fines de abril pasado, cuando las víctimas del ex párroco de El Bosque fueron recibidas por el Papa, una desconocida operación de Errázuriz para proteger a Karadima quedó al descubierto.
Los denunciantes James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, fueron invitados a la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe –encargada de investigar los abusos– donde los principales personeros de ese dicasterio les informaron los detalles de la indagatoria contra Karadima. Allí, les confirmaron que el cardenal Errázuriz personalmente llegó hasta esas oficinas para tratar de ahogar la investigación y desacreditar a los denunciantes, desplegando un lobby que finalmente resultó infructuoso.
A pesar de las pruebas que incriminan al cardenal Errázuriz en intentos por sepultar las acusaciones contra Karadima, el Papa Bergoglio lo mantiene en su Consejo de Cardenales, organismo asesor del pontífice en materias de reformas a la curia romana. Conocido como C-9, el grupo es integrado por Errázuriz desde 2013, cuando el Papa lo nombró sin conocer aún los antecedentes que demuestran cómo el cardenal omitió las denuncias contra Karadima y ha denostado a sus víctimas en sigilosas operaciones que desplegó junto a Ezzati.
En medio de las señales renovadoras que Francisco ha dedicado a los feligreses chilenos en los últimos meses, es probable que Errázuriz sea apartado del C-9 y acompañe a Ezzati en el retiro. De hecho, algunos párrafos de la carta reservada que el Papa entregó a los obispos chilenos cuando los citó en mayo pasado, fueron interpretados como un recado directo para ambos cardenales:
“Otra circunstancia análoga que me ha causado perplejidad y vergüenza ha sido la lectura de las declaraciones que certifican presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos” (vea una copia del documento publicada por T13).
PROBLEMAS CON LA SUCESIÓN
La dureza de la última semana que enfrentó el cardenal quedó retratada el miércoles 25 de julio. Ese día, durante la celebración de la eucaristía por el apóstol Santiago, patrono de la arquidiócesis, un grupo de laicos protestó en la catedral metropolitana, exigiendo a Ezzati hacer efectiva su renuncia. El arzobispo tuvo que escabullirse del templo por un acceso lateral, evitando a los manifestantes y a los periodistas que buscaban una declaración sobre la citación que le cursó el fiscal Arias.
Personeros eclesiásticos de reciente paso por Roma indican que la complicación para sacar de escena a Ezzati, radica en que los nombres que se han barajado para heredar su cargo no cuentan con la total confianza del Papa Bergoglio. El designado debe estar impoluto en materia de denuncias e investigaciones de abusos y, además, no generar resquemores entre grupos de laicos, para evitar nuevas tensiones internas.
Una de las cartas que más ha sonado para reemplazar a Ricardo Ezzati es la del actual arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, pero su nominación se complicó por la acusación contra el presbítero Hernán Enríquez que se conoció hace 15 días. Al ex rector del Seminario Menor de Concepción se le acusa de haber violado a un menor en 2002.
Las denuncias iniciales contra Enríquez las recibió Ricardo Ezzati, cuando encabezaba la Iglesia Católica penquista: una en 2006 y otra en 2009. Solo tras la segunda alerta se inició una investigación, cuyos detalles se desconocen y de la que se ha dicho que no arrojó resultados concluyentes.
Fernando Chomalí
El caso también ha sido un avispero en las manos de Fernando Chomalí. En 2011, apenas tomó el control de la arquidiócesis, recibió la misma acusación contra Enríquez, pero solo conminó al denunciante –el padre del menor violado– a formalizarla conforme al derecho canónico y los protocolos de la iglesia. CIPER pidió al arzobispado penquista los detalles de las investigaciones que involucran a Hernán Enríquez, sin obtener respuesta.
Enríquez se ha desempeñado como capellán de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de la que el arzobispo Chomalí es gran canciller. Además, el presbítero ha sido apuntado como integrante de un grupo de sacerdotes y laicos que mantenían relaciones homosexuales activas, que se protegían entre ellos y trabajaban en contacto con jóvenes. Un punto que no ha pasado inadvertido en Roma es que uno de los sacerdotes mencionados en ese grupo ocupa actualmente un puesto clave junto a Chomalí en el arzobispado.
El arzobispo penquista también carga con errores en el caso Karadima. En 2011, reconoció públicamente que había recibido la denuncia de una de las víctimas –Juan Carlos Cruz–, pero que no la acogió: “Me tupí, actué mal con él, en el sentido de que él buscaba un amigo, un obispo y yo no supe cómo actuar”. No es su única falla. Conocidas las denuncias contra Karadima, se le encomendó que examinara las millonarias cuentas de la Unión Sacerdotal que dirigía el ex párroco. Chomalí cerró su revisión sin detectar anomalías. No obstante, con posterioridad se establecieron numerosas irregularidades en el manejo de esos bienes en beneficio de Karadima y sus cercanos, incluyendo el financiamiento de viajes por Europa y el usufructo personal de inmuebles donados a la Unión Sacerdotal.
Otro nombre que se ha mencionado para heredar el sillón de Ricardo Ezzati, es el del arzobispo de La Serena, René Rebolledo. En 1990 Rebolledo asumió como formador en el Seminario Mayor San Fidel, de San José de la Mariquina. Y desde 1993 hasta 2002 fue rector del mismo seminario.
Lo que complica al arzobispo Rebolledo es que bajo su alero el seminario San Fidel formó a un grupo de sacerdotes que mantienen relaciones homosexuales activas. Algunos, incluso, enfrentan acusaciones de abusos de menores. Varios de ellos están incardinados en la arquidiócesis de Puerto Montt, donde contaron con la protección del arzobispo Cristián Caro, recientemente reemplazado por un administrador apostólico. Se espera que ese cambio sea clave para establecer la profundidad de la “tolerancia” que amparó al grupo formado en el seminario que dirigía Rebolledo.
Lo que inicialmente contaba a favor de René Rebolledo era el respaldo del nuncio Ivo Scapolo, con quien mantiene una relación estrecha. Pero hoy esa puede ser una ficha en contra. Scapolo es apuntado como uno de los responsables de haber desinformado a Francisco para el controversial nombramiento de Juan Barros como obispo de Osorno, minimizando su rol en el encubrimiento de los abusos de Fernando Karadima. El nuncio, en conversaciones reservadas, ha sostenido que sí puso al tanto al Papa de los problemas que arrastraba Barros. En todo caso, Rebolledo –ex obispo de Osorno y antecesor de Barros en esa ciudad– fue uno de los más activos defensores de la mantención del discípulo de Karadima en esa diócesis sureña.
Un tercer nombre que se ha barajado para suceder a Ezzati es el del actual presidente de la Conferencia Episcopal: el obispo castrense Santiago Silva. Ex obispo auxiliar de Valparaíso, fue acusado por los ex seminaristas Mauricio Pulgar y Sebastián del Río de haber desoído sus denuncias sobre abusos cometidos por un formador del Seminario San Rafael y por el entonces obispo titular de la diócesis porteña, Gonzalo Duarte.
LA HUELLA DE EZZATI
Aunque el nombre de Ezzati se ha asociado a encubrimiento de abusos principalmente a partir del caso Karadima, el tema lo ronda desde mediados de los años 80. Entonces era director de la congregación salesiana y habría intervenido, según acusan víctimas, para acallar las denuncias que surgieron en Valdivia contra el abusador de menores Rimsky Rojas.
Trasladado fuera de Chile y luego a Punta Arenas, Rojas llegó a ser rector de un colegio salesiano en la capital magallánica y se sospecha que estuvo involucrado en la desaparición del estudiante Ricardo Harex, de 17 años, en 2001. El religioso se suicidó en 2011. Una de sus víctimas en Valdivia, el abogado Marcelo Vargas, a comienzos de este año entregó al arzobispo Charles Scicluna antecedentes sobre los nexos de Ezzati con el encubrimiento de los crímenes de Rimsky Rojas.
El tema de los abusos volvió a tocar a Ezzati cuando era arzobispo de Concepción, cargo que ocupó entre 2006 y 2011. En 2008 el rector de un colegio salesiano penquista, Audín Araya, abusó de dos menores. La congregación se enteró en diciembre de ese año y mantuvo los hechos bajo reserva, trasladando a Araya a Puerto Montt, donde dirigió otro colegio de la orden. Sin apoyo de la iglesia, las familias de las víctimas presentaron en 2011 una denuncia en la justicia penal. En 2014, Audín Araya fue condenado a dos años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos en el ámbito educacional.
Recién llegado a la arquidiócesis de Concepción, en 2006 Ricardo Ezzati fue alertado por una monja de las “conductas impropias” de un grupo de sacerdotes homosexuales, entre ellos el presbítero Hernán Enríquez Rosas. La religiosa le pidió que los separara del trabajo pastoral y educacional con jóvenes, pero Ezzati no lo hizo. Tres años después, en 2009, el entonces arzobispo penquista recibió una denuncia contra Enríquez, en la que se le acusó de haber violado en 2002 a un joven de 14 años en el Seminario Menor de Concepción. Solo entonces se inició una investigación, la que se cerró sin resultados concluyentes. Enríquez siguió siendo capellán de colegios y profesor de la Universidad Católica penquista. A pesar de estos antecedentes, en 2012 Ezzati escribió un prólogo para un libro del presbítero acusado.
Gonzalo Duarte
Un año después, en 2013, Ezzati ya estaba a cargo del arzobispado de Santiago y presidía la Conferencia Episcopal. Karadima había sido condenado y eran evidentes las operaciones digitadas desde el interior de la arquidiócesis para desacreditar a sus víctimas, las que denunciaban el encubrimiento que la iglesia brindó al ex párroco. En ese contexto, el entonces obispo de Rancagua, Alejandro Goic, quien presidía la Comisión Nacional de Prevención de Abusos escribió una carta para Ricardo Ezzati que fue recientemente incautada por el fiscal Emiliano Arias y filtrada a la prensa.
Goic ha declarado que nunca envió la misiva, porque conversó el tema directamente con Ezzati. La carta es un duro reproche a Ezzati por el trato que brindaba a las víctimas:
“El caso que más ha impactado (…) ha sido el de las víctimas del P. Karadima. Al comienzo de tu servicio fue un signo extraordinario que te reunieras con ellos; después, lamentablemente, esto no continuó. Sé que han sido injustos, duros, incluso a veces han mentido. Pero nada de aquello les quita la condición de víctimas heridas y dañadas”.
La misiva también reconoce el encubrimiento que se brindaba a los abusos de clérigos: “Ayer –no teníamos la conciencia de hoy– manteníamos en silencio estos abusos de menores, decíamos que eran debilidades humanas, se trasladaba a otros lugares a estos sacerdotes”. Y eso es, precisamente, lo que ocurrió en los casos de Rimsky Rojas y Audín Araya, con los que se vincula a Ricardo Ezzati.
El punto más elocuente de la animadversión hacia las víctimas de Karadina fueron los correos electrónicos que intercambiaron Ezzati y Errázuriz, publicados en 2015 por El Mostrador, en los que ambos cardenales se coordinaron para impedir que una de los denunciantes, Juan Carlos Cruz, fuese recibido en el Vaticano.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz tiene su propio historial en el tema de los abusos. En 2002 presidía la Conferencia Episcopal cuando el obispo emérito de La Serena, Francisco José Cox, abandonó el país para no enfrentar múltiples denuncias de abusos sexuales contra menores. Cox, integrante de la misma congregación de Errázuriz (padres de Schoenstatt), es uno de los casos paradigmáticos de abusos encubiertos: fue retirado del arzobispado de La Serena, soterrando las acusaciones en su contra y se le permitió trasladarse a Alemania. Nunca enfrentó a la justicia.
El comunicado que firmó Errázuriz, entonces presidente del episcopado, cuando se conoció la fuga de Cox a Europa es un emblema del eufemismo:
“No es nuestra intención emitir juicios sobre lo ocurrido en la intimidad de su conciencia. Nuestra actitud será siempre de respeto, sin olvidar el bien que hizo con generosidad. Sólo Dios conoce el corazón del hombre, sus intenciones más personales, y las huellas de sus enfermedades psíquicas y limitaciones (…).Comprendemos y apoyamos la decisión de monseñor Cox de retirarse a una vida de oración. Sabemos que partió de Colombia rumbo a Europa para buscar el lugar más adecuado para este propósito”.
Pero los episodios más graves del cardenal Errázuriz en materia de encubrimiento, ocurrieron en el caso Karadima. En 2003 recibió la carta con la denuncia de una de las víctimas, José Andrés Murillo, pero nada hizo. En 2012 el cardenal declaró a The New York Times que esa acusación “lamentablemente, no la juzgué creíble”.
En 2004, el cardenal conoció las declaraciones que María Verónica Miranda, esposa de otra víctima de Karadima, James Hamilton, hizo ante el promotor de justicia del arzobispado. Dos años después, en 2006, el propio Hamilton y Juan Carlos Cruz entregaron su testimonio al promotor. Con tres testimonios de víctimas directas –Murillo, Hamilton y Cruz–el cardenal Errázuriz estaba obligado a iniciar una investigación, pero dilató el trámite hasta 2009 y solo sacó a Karadima del cargo de párroco de la iglesia de El Bosque.
Recién en 2010, siete años después de haber recibido la primera denuncia y solo cuando las víctimas dieron su testimonio a Informe Especial de TVN, el cardenal decidió enviar el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Durante la investigación penal, Karadima declaró que Errázuriz lo había protegido y que había pagado $500 millones para frenar un libro que acusaba de pedofilia al propio cardenal.
En octubre de 2015, un mes después de que se conocieron los correos electrónicos entre Ezzati y Errázuriz, este último presentó su testimonio en la demanda civil que presentaron las víctimas de Karadima contra él y la iglesia. Entonces testificó que cuando conoció las denuncias les “restó valor”, pues “llegaban sin pruebas” y “era difícil asimilar que personas adultas durante años hubieran sido abusadas sin denunciarlo”.
EFECTOS DE LA “PODA”
La asamblea extraordinaria de obispos que se desarrollará entre este lunes 30 de julio y el viernes 3 de agosto, tendrá como tema prioritario la forma en que la Iglesia Católica chilena debe enfrentar, con las nuevas directrices romanas, las denuncias por abusos sexuales y de conciencia cometidos por clérigos. La reunión se celebra después de las duras señales de Francisco contra los prelados que han encubierto los delitos o denostado a los denunciantes, como lo han hecho Ezzati y Errázuriz.
Esta será la primera asamblea desde que el Papa comenzó a cursar renuncias de obispos, después de que en mayo la conferencia episcopal dimitió en pleno ante el pontífice. Ya no formarán parte de los congregados en la cita los ahora ex obispos Gonzalo Duarte (Valparaíso), Cristián Caro (Puerto Montt), Alejandro Goic (Rancagua), Juan Barros (Osorno) y Horacio Valenzuela (Talca). Todos ellos cuestionados por abusos y los dos últimos por la protección que brindaron a Fernando Karadima.
La “poda”, como la llaman algunos sacerdotes, debiese fortalecer a los sectores que defienden la tesis de la “tolerancia cero” frente a abusos. Pero la reacción del Papa no ha sido todo lo urgente que esos sectores quisieran. Aún siguen en sus cargos tres obispos formados por Karadima: Andrés Arteaga (auxiliar de Santiago), Tomislav Koljatic (Linares) y Felipe Bacarreza (Los Ángeles). A ellos se suma el obispo de San Felipe, Cristián Contreras Molina, quien ha sido investigado por el Vaticano como autor de abusos.
Sumando a Ezzati a este grupo, debiesen ser al menos diez los obispos que –después de presentar sus renuncias en mayo– queden al margen de la conferencia episcopal. Del Papa Francisco depende ahora la profundidad y efectividad de la “poda”.
Pedro Ramirez
CIPER CHILE
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