Bolivia vota el domingo la continuidad del presidente y de ocho gobernadores
Nunca hay que dar nada por ganado de antemano. El Gobierno boliviano ha apostado mucho en el referéndum del domingo, en el que se decidirá el futuro político del presidente, Evo Morales; de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y de ocho de los nueve gobernadores, seis de ellos opositores.
Una carrera que parecía ganada por Morales antes de empezar, pero que se ha transformado estos días en un alocado e imprevisible sprint tras la entrada en escena de diversos conflictos sociales -muertos incluidos- que han sumado ingredientes desestabilizadores a la grave crisis institucional que atraviesa el país.
Los dos muertos del martes se suman a los 41 que por diversas circunstancias violentas han perdido la vida desde que Morales asumió la presidencia en enero de 2005. El primer indígena en convertirse en jefe del Estado en este país aún mantiene una popularidad alta, que ronda el 50%, y que debería bastarle para salir airoso en la votación del domingo.
Los adversarios del presidente eran hasta hace unos días políticos que se oponen a su modelo de Estado indigenista plasmado en la nueva Constitución, aún pendiente de aprobación. Sin embargo, horas antes de la apertura de las urnas, las protestas violentas han adoptado un barniz laboral y social, dos aspectos en los que Morales parecía imbatible y sobre los que se apoyó para alcanzar la jefatura del Estado. A pesar de que la propaganda invade desde hace más de un año televisiones, radios y periódicos con el eslogan Evo cumple, los huelguistas le acusan de lo contrario.
Los principales conflictos laborales están protagonizados por los mineros y los profesores de la enseñanza pública. Con Morales en la oposición, los primeros se convirtieron en la fuerza de choque del líder cocalero. La luna de miel duró un tiempo tras la llegada del líder de Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder. Morales nombró ministro a Walter Villarroel, dirigente sindical.
Los mineros exigieron al presidente el rápido cumplimiento de sus promesas de mejoras para un sector que, representando una fuente de riqueza del país, trabaja en condiciones deplorables. La confianza se quebró y, tras la violenta huelga de 2006 con 16 muertos, Villarroel fue sustituido.
Desde entonces, Morales ha tenido a los mineros en contra. Primero, los acusó de "intransigentes" y "caprichosos"; después, de ponerse al servicio de una conspiración "interior y exterior" para acabar con su proyecto indigenista. Hoy sólo le apoyan los mineros de las cooperativas. El domingo votarán por él bajo presión de perder sus contratos con el Estado si Morales pierde. Sin embargo, los mineros estatales, en su mayor parte pertenecientes a la poderosísima Central Obrera Boliviana (COB), exigen al presidente la entrada en vigor de una Ley de Pensiones que rebaje la edad de jubilación de los 65 a los 55 años. Felipe Machaca, dirigente de la COB, ha advertido que después de los muertos del martes, las movilizaciones se generalizarán por todo el país.
Las pensiones también han sacado a la calle a miles de profesores estatales que el martes bloquearon numerosas carreteras del país y se enfrentaron con palos y pedradas a los padres de los alumnos, a los que se niegan a dar clase hasta que el presidente cumpla sus promesas. Los docentes han proclamado una huelga general indefinida, que entra en vigor mañana.
Un caso especialmente llamativo es el de los minusválidos, cuyos representantes acusan al Gobierno de incumplir una promesa electoral. Durante la campaña electoral de 2004, Morales les prometió un bono anual de 3.000 bolivianos (unos 428 dólares) a cambio de su voto. Morales venció, pero el bono nunca fue pagado. Y aunque no sea un conflicto de tanta repercusión económica como los dos primeros, las imágenes de la policía cargando contra los minusválidos en las calles de La Paz suponen un gran desgaste en uno de los flancos que más han cuidado la actual Administración boliviana, su imagen.
A este cóctel de problemas sociales se suma la revuelta autonomista que tiene a prácticamente la mitad del territorio boliviano alzado contra la autoridad del Ejecutivo tras haber aprobado legislaciones propias consideradas ilegales por el Gobierno central.
La guinda a todos estos desacuerdos es la discusión sobre el porcentaje de votos necesarios para que las 10 personas que se someten al plebiscito del domingo abandonen el poder. Mientras que el Gobierno defiende la ley vigente, según la cual son necesarios más votos en contra de aquellos con los que se resultó elegido para el cargo, el Tribunal Electoral estima que basta con el 50% más uno. "La ley es la ley y lo demás son sugerencias", ha zanjado Morales.
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