Juan Ignacio Latorre[1]. Actualmente, el movimiento social chileno por la educación pública, gratuita e igualitaria, está retomando un nuevo ciclo de manifestaciones masivas similares a las del intenso año 2011. Esto se da en medio de una grave situación en la que se ha visto involucrada la Universidad del Mar, una institución privada con fines de lucro que ha destinado cuantiosos recursos a los accionistas que actúan como dueños a través de una sociedad inmobiliaria (esta es una de las fórmulas utilizadas para vulnerar, en la práctica, la ley vigente que, en teoría, prohíbe el lucro en la educación superior universitaria en Chile). El problema mayor es que estos recursos destinados para satisfacer las expectativas de rentabilidad de los inversionistas han ido en desmedro del pago de salarios, leyes sociales e inversiones en calidad educativa.
Toda esta situación ha llevado a que una comisión investigadora del parlamento acaba de presentar un informe denunciando que existen muchas otras instituciones privadas que realizan este mismotipo de prácticas, y en algunos casos, otras fórmulas similares para garantizar el lucro en la educación superior. Esto lo vienen denunciando los estudiantes con mucha fuerza desde el año pasado y era un secreto a voces en la sociedad chilena que hipócritamente ha mantenido tapado este tema por décadas. El tema de fondo que está planteando el movimiento es que exista un nuevo modelo educativo a nivel nacional, sin fines de lucro, desde la educación pre-escolar hasta la educación superior universitaria, basado en criterios de equidad, calidad, integración social, democracia, ciudadanía, pluralismo religioso y étnico.
Para lograr esa demanda se requiere un rol protagónico del Estado, y por supuesto, una reforma tributaria para contar con los recursos económicos necesarios y suficientes de manera sostenible y que cumplan un criterio de re-distribución de la riqueza, actualmente muy concentrada en pocas manos, lo que hacen de la sociedad chilena una de las más desiguales de América Latina. En el fondo, el tema es cómo pasamos de concebir a la educación como un negocio privado (mercantilización) a una situación en la que se la considere como un derecho social garantizado por el Estado, exigible por los ciudadanos.
En España, y dada la grave crisis internacional del capitalismo financiero, la situación es inversa. El Estado está “recortando” el gasto en educación (también en salud y otros servicios sociales) ya que ha tenido que ir en rescate de la banca para evitar el colapso completo del sistema económico. Por lo que la sociedad se debate en cómo ir gradualmente mercantilizando y familiarizando los derechos sociales, dejando al Estado en un rol residual, focalizado y precario que termina por reproducir las desigualdades sociales generadas en el mercado. El movimiento social intenta resistir y defender lo que otros anteriormente habían adquirido y que hoy se les está usurpando.
El debate está abierto, la democracia está fuertemente cuestionada ya que no permite que las demandas ciudadanas de las grandes mayorías se hagan efectivas dada la relación completamente asimétrica frente al poder del gran capital. En el caso de España, lo que antes fue un derecho social, mañana puede ser una mercancía. En el caso chileno y Latinoamericano, lo que por décadas ha sido un negocio y un privilegio de pocos, en el futuro puede ser un derecho de todos. El resultado es incierto y depende de muchos factores, entre los cuales cuenta decisivamente la lucha social que se haga desde el movimiento ciudadano, y de si es capaz o no de construir una nueva y amplia fuerza política que transforme la sociedad pasando de condiciones menos humanas a otras más humanas acordes a su dignidad, es decir, con mayor justicia social.
[1] Director del Centro de Reflexión y Acción Social (CREAS) de la Universidad Alberto Hurtado, Chile. Miembro activo de CJ entre 2008-2011
CJ
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