Un informe de Global Witness arroja luces sobre el lado más oscuro de la «cuestión ambiental», a la que Papa Francisco dedicará su próxima encíclica
GIANNI VALENTEROMA
Es una masacre silenciosa y silenciada, y sus víctimas se concentran en América Latina y en el sureste asiático: Brasil, Filipinas, Colombia, Honduras, Perú, Guatemala. En estos y en otros países, en los que viven poblaciones de mayoría católica, vivían y trabajaban los 116 activistas involucrados en la defensa de la tierra y del ambiente que fueron asesinados durante 2014. Una lista de nombres probablemente incompleta y que representa casi el doble del número de periodistas asesinados en el mundo durante el mismo período, y que registra un aumento del 20% con respecto al año 2013.
Mientras esperamos la encíclica de Papa Francisco dedicada al ambiente y al impacto del sistema de desarrollo sobre los recursos naturales, el Informe 2014 apenas publicado por la organización internacional Global Times (comprometida en la denuncia de los vínculos ocultos entre la explotación ambiental, la corrupción y los conflictos armados) arroja luz sobre uno de los lados más oscuros y ocultados de la cuestión ambiental que ocupan de manera particular la preocupación pastoral del obispo de Roma, que escribirá su segunda encíclica sobre este tema, después de la “Lumen fidei”, escrita a “cuatro manos” con Joseph Ratzinger.
El informe de Global Witness, titulado “How Many More?” (y retomado por la agencia Fides, de las Pontificias Obras Misioneras) indica que en 2014 se registraron 88 homicidios de defensores del ambiente solo en América Latina. El número de crímenes en contra de los activistas ambientales perpetrados en los países latinoamericanos es igual al tres cuartos de los asesinatos de militantes comprometidos en la defensa del medio ambiente en todo el mundo. Según el documento, por lo menos dos personas a la semana son asesinadas por su compromiso en contra de la destrucción del medio ambiente. En la lista son incluidos tanto los ambientalistas asesinados por militares y fuerzas de policía durante manifestaciones y enfrentamientos relacionados con la ocupación de tierras como los que han sido “eliminados” por sicarios. «Mientras las empresas buscan nuevas tierras que explotar –se lee en el informe–, hay cada vez más personas que al final pagan de esta manera su resistencia».
El informe resalta un dato elocuente: en los países de América Latina, más del 40% de las víctimas que se cuentan en las filas de los defensores de la naturaleza y de la tierra pertenecen a las poblaciones indígenas. La violencia de los aparatos y la violencia criminal daña con particular virulencia a las poblaciones indígenas que deciden defender la tierra en la que viven del asalto de las empresas que buscan constantemente nuevos territorios que explotar. En 2014 fueron 47 los indígenas asesinados mientras trataban de proteger sus propios territorios. Un número que probablemente es inferior al dato real, si se tiene en cuenta que la violencia de este tipo es perpetrada en áreas remotas, y la identidad de las víctimas a menudo es un misterio.
En los casos documentados en 2014, todas las muertes violentas de activistas pro-tierra se dieron en el contexto de disputas relacionadas con la propiedad, el control y el uso de la tierra y de los recursos naturales. Aumentaron las muertes vinculadas con las protestas frente a la instalación de estructuras para la producción de energía hidroeléctrica y para la explotación de minas y otras industrias de extracción, y también aumentaron las muertes de quienes protestaban por la contaminación del agua, por la pesca ilegal y por la explotación sin criterio de la flora y de la fauna.
Otro de los aspectos que documenta el informe de Global Witness es la difundida impunidad en la que se verifican los homicidios y la violencia en contra de los activistas que defienden el medio ambiente. La documentación recopilada en relación con los casos que han llegado a convertirse en investigaciones judiciales indica que entre los autores materiales de estas violencias están grupos de paramilitares, fuerzas de policía y contratistas privados, mientras que entre los mandantes están los propietarios de terrenos, figuras del crimen organizado y miembros y agentes de los grupos económicos que explotan los recursos naturales.
Brasil encabeza la lista de los países en donde son asesinados con mayor frecuencia los activistas ambientales (con 29 víctimas), después están Colombia (con 25), Honduras (12), Perú (9) y Guatemala.
La masacre de los defensores de la tierra y de los recursos naturales interpela también a las Iglesias, en los países en los que desde siempre la predilección por los pobres se ha entrelazado con la cuestión ambiental y con los conflictos provocados por la explotación de los recursos naturales. Sobre todo en América Latina, en donde desde hace décadas muchos de los agentes pastorales que fueron asesinados mientras servían a Cristo en los pobres estaban involucrados en conflictos relacionados con el uso de la tierra y de sus bienes. Hombres y mujeres como Ezechiele Ramin, el comboniano que murió en 1985 en una emboscada en Cacoal, en el estado brasileño de Rondonia, por haber defendido a los pequeños agricultores frente a la opresión de los latifundistas. O como Dorothy Stang, la monja brasileña de origen estadounidense que fue asesinada en 2005 en el estado brasileño de Pará, porque acompañó durante años a los campesinos y obreros en las luchas en contra de la deforestación de la Amazonia.
Vatican Insider
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