Por: P. Miguel Manzanera, SJ
El discurso del Presidente Evo Morales en Tiwanaku el 15 de agosto de 2012 ha tenido una repercusión inesperada. Lo que fueron unas palabras públicas pero improvisadas, para congraciarse con los pobladores del Altiplano y animarles a que sigan apoyando al “proceso de cambio”, se ha convertido en un conflicto donde se ha puesto de manifiesto la actitud que tiene el Gobierno respecto de los medios de comunicación que se resisten a aceptar los planes totalitarios del partido oficialista.
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Textualmente el Presidente dijo lo siguiente: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”. En su discurso el Presidente critica otro comportamiento oriental: “Aquí una recomendación a algunas familias del oriente boliviano: se ha notado (que a) algunos animales, por decir, en la semana se lo hacen su parrillada y no dejan multiplicar, inclusive en algunas familias se han entregado viviendas, pero cuando les falta plata, venden el techo, venden ventanas, venden las puertas y quedan en lak`aya, como decimos en el altiplano”.
En un país como Bolivia, donde el tono humorístico es, en general, bien recibido, esas frases podrían haberse interpretado como una broma del Presidente para despertar la hilaridad de sus oyentes y habrían quedado en la categoría de anécdotas para una nueva edición de las “Evadas”, muy leídas dentro y fuera del país. Sin embargo no es la primera vez que el Gobierno ha manifestado su política en contra de los opositores orientales y ha puesto en marcha los medios para reducirla. Precisamente en estos días se desplegado una estrategia para defenestrar al Gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, utilizando para ello la norma, a todas luces injusta, de la Ley Marco de Autonomías (Arts. 144 a 149) que permite suspender temporalmente a los Gobernadores simplemente por una acusación formal por el Fiscal, quien comunica su decisión al órgano deliberativo para que proceda “de manera sumaria y sin mayor trámite” a la suspensión.
Por eso no es de extrañar que el discurso del Presidente, transmitido por la radio y la televisión (BTV, ATB y Unitel), causase malestar en Santa Cruz. Varios medios electrónicos, entre ellos la Agencia de Noticias Fides (ANF) y algunos periódicos, entre ellos el Diario y Página Siete en La Paz dieron la noticia con algún pequeño comentario. Precisamente contra esos tres medios el Gobierno ha iniciado una acción judicial acusándoles de incitación al racismo y a la discriminación.
Sin embargo es el mismo Gobierno quien muestra una actitud discriminatoria frente a los medios mencionados, tal como se ve claramente en las primeras declaraciones del actual Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Directamente acusó a la ANF de “calumniar” de manera “premeditada, alevosa, cobarde, inescrupulosa, antiética”. Y anunció que se iniciaría una querella criminal para “sentar un precedente” y afirmó que espera que “la justicia responda” y que “se establezca responsabilidades de quienes mienten de esta manera”.
Con el mismo tono la Ministra de Comunicación Amanda Dávila acusó a esos medios de “distorsionar” de manera “sistemática” las declaraciones de autoridades del Gobierno y de reproducir informaciones con sentido “malicioso, tendencioso y provocador”, y de mantener “una actitud muy perversa” al no rectificar motu propio las informaciones supuestamente “distorsionadas”. El Gobierno puso la denuncia correspondiente ante la Fiscal Susana Rodríguez Soria, que ha iniciado la investigación correspondiente.
Esta acción forma parte de la persecución procesal que el Gobierno emplea profusamente contra las personas opositoras. La reacción de muchos medios no oficialistas de comunicación y de instituciones defensoras de los derechos humanos no se ha hecho esperar. Defienden la actitud valiente de los medios acusados y denuncian las intenciones del Gobierno de suprimir la libertad de prensa, reconocida a nivel internacional y también en la misma Constitución de Bolivia y en la vigente Ley de Imprenta que serían la únicas normas por la que pueden ser juzgados los medios de comunicación en caso de una supuesta violación a la verdad de la información.
Tal como el Vicepresidente Álvaro García Linera en varias ocasiones ha repetido, el Gobierno tiene una estrategia para conseguir el poder total como medio para el cambio de Bolivia al socialismo del siglo XXI. Un juez imparcial vería en estas acciones del Gobierno una discriminación contra los medios de comunicación que tratan de informar objetivamente sobre la realidad y de formar correctamente a la opinión pública según los principios de la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad.
Los Obispos de la Iglesia Católica, conscientes del grave peligro de totalitarismo que amenaza a Bolivia han emitido un comunicado apoyando a la ANF y a los otros medios de comunicación injustamente amenazados. Los derechos humanos fundamentales, entre los cuales se destaca el derecho a la información y la expresión, son al mismo tiempo derechos divinos por los que Dios protege al hombre creado a imagen y semejanza suya.
Arquidiócesis de Santa Cruz, Bolivia
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