Jesuitas asesinados buscaban diálogo para terminar conflicto: rector de la UCA

Amparo Marroquín, Dirección de Postgrado de la UCA, y Andreu Olivo, Rector UCA, con Daniel Hernández, en la entrevista matutina Agenda de Nación de Canal 10 y Radio Nacional. Foto Diario Co Latino/Patricia Castillo

Redacción Diario Co Latino

Los sacerdotes jesuitas, asesinados el 16 de noviembre de 1989 junto a dos de sus colaboradoras, buscaban una solución al conflicto armado basada en el diálogo y la negociación, afirmó esta mañana el rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Andreu Oliva. 
“Entonces había mucha resistencia, especialmente dentro del ejército y también dentro de las clases que tenían el poder en el país, hacia la posibilidad de que la salida al conflicto fuera por la vía de la negociación y el diálogo”, explicó Oliva en la entrevista Agenda de Nación de Canal 10 y Radio Nacional.
El rector de la UCA destacó que los seis jesuitas asesinados representaban una voz que defendía la justicia y que denunciaba los atropellos y las violaciones a los derechos humanos contra la población en ese momento.
 Por su parte, la directora de Postgrados de la UCA, Amparo Marroquín, explicó que el crimen contra los padres jesuitas y sus dos colaboradoras posicionó en la opinión internacional una serie de violaciones a los derechos humanos que se habían registrado en ese año.  “Se posiciona este hecho como un hecho condenable, como un hecho terrible, y de alguna manera se ejerce presión para que desde el Estado Salvadoreño y desde las distintas fuerzas que en ese momento había, desde los distintos actores sociales, se busque otro tipo de solución a un conflicto que venía ya de larga data”, afirmó la docente.    
 Oliva recordó que inicialmente se trató de negar la participación de la Fuerza Armada y se acusó al FMLN del magnicidio.
“Posteriormente, y solamente por presiones internacionales, se forma una comisión de honor que investiga el caso y pone ante la justicia a siete efectivos militares, entre ellos al Coronel (Guillermo Alfredo) Benavides y al Teniente (Yusshy) Mendoza, que se han juzgados en el 91 y condenados solamente ellos dos, los soldados son absueltos”, explicó el rector de la UCA.
El proceso judicial, que estuvo plagado de irregularidades, fue el primer caso en que militares fueron llevados ante un tribunal por un crimen cometido durante el conflicto armado.
El caso se presentó después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque se consideraba que no se había hecho justicia y el tribunal internacional pidió al Estado Salvadoreño investigar el crimen, dijo Oliva.
“Nosotros éramos conscientes de que ese asesinato no lo había solamente realizado ese grupo de militares, la tropa que fue ahí a realizar el acto material, sino que habían autores intelectuales y que estos autores intelectuales estaban al frente del Ejército y al frente de las grandes autoridades del país”, afirmó el rector universitario.
Luego, un juzgado de paz sobreseyó el caso por prescripción, aunque reconoció que la Ley de Amnistía no se puede aplicar debido a que ésta se promulgó en el gobierno de Alfredo Cristiani y, por tanto, no puede aplicarse a los funcionarios que formaban parte del Estado durante ese período presidencial.
 “Un Juzgado de Paz, en el año 2003, ya afirmó que la Ley de Amnistía no aplicaba para este caso, porque normalmente las leyes de amnistía no pueden darse a las mismas personas que la emiten”, explicó Oliva.
El rector de la UCA consideró que el Estado Salvadoreño no ha hecho mucho por descubrir la verdad y hacer justicia en este caso, y señaló que tampoco ha colaborado con la Audiencia Nacional de España, entidad que ventila el caso a solicitud de grupos defensores de los derechos humanos.