Mirada al mundo: La justicia en tiempos de crisis

Por Julio Luis Gallego Martínez La crisis económica que sufrimos ha afectado y afecta a las diferentes instituciones que se encuentran integradas dentro del Estado. Los Tribunales de Justicia son el mejor termómetro para calibrar los múltiples efectos negativos que está generando la crisis. La Justicia no vive precisamente aislada de la gran convulsión generada a nivel mundial. Por el contrario, sufre también las secuelas derivadas de la carga de trabajo que sufren nuestros Juzgados y Tribunales –debido, en gran medida, a la gran cantidad de conflictos derivados de la situación actual.

Las dificultades económicas de los ciudadanos, afectados en sus posibilidades de encontrar o mantener el empleo, están generando un alarmante aumento de la litigiosidad. La crisis ha propiciado la desaparición de una cantidad importante de empresas lo que ha generado necesariamente la perdida de millones de puestos de trabajo. Esta situación afecta también de forma especial a los trabajadores y a sus familias. El drama del paro está truncando todo una serie de expectativas, no sólo profesionales sino también personales. Todo ello ha traído consigo la pérdida de una serie de derechos y prestaciones que, hasta este momento, se creían seguros.

Cuando los derechos de los ciudadanos resultan cercenados es cuando se hace necesaria la intervención de la justicia. Nuestro Ordenamiento ha de disponer de fórmulas que permitan reforzar nuestro sistema jurídico. Se destinan todos los medios materiales y económicos posibles para afrontar los grandes retos surgidos como consecuencia de la nueva situación. Para ello, es necesario adecuar las normas laborales y procesales para que los profesionales del derecho desempeñen su trabajo con una mayor efectividad.
La lentitud de la justicia es la asignatura pendiente de nuestro sistema.

Está se debe, fundamentalmente, a dos motivos.

En primer lugar, la insuficiente dotación de medios para la mejor satisfacción y agilización de este servicio público esencial. En segundo lugar, el hecho de tener unas normas procesales, quizás excesivamente formalistas. En este sentido, la protección de los derechos implica que los ciudadanos puedan ser reintegrados en su ejercicio con la mayor celeridad posible.
En los primeros tiempos, el proceso era el medio de comunicación entre los jueces y las partes para la resolución de las controversias.En la actualidad se necesitan reformas con estructuras rápidas, sencillas y comprensibles: una justicia eficaz es aquella en que los ciudadanos vean satisfechos sus derechos fundamentales y constitucionales de manera rápida y sencilla.

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