Buenos Aires (Patricio Downes, Religión Digital).- La Pastoral Social y Cáritas de la Conferencia Episcopal de Honduras descalificaron el golpe militar que destituyó a Manuel Zelaya, aunque también cuestionaron la maniobra reeleccionista previa de este mandatario. El comunicado de la Pastoral fue publicado hoy en la página de Cáritas, que dirige el sacerdote Germán Calíx.
"El golpe de estado no resolverá la problemática del país, porque se busca resolver una situación ilegal, con otra acción ilegal, aumentando la cadena de atropello a la institucionalidad del país", señala el comunicado en el sitio web de Pastoral Social Cáritas de Honduras. Esto indica que, pese a cualquier comentario, la caída de Zelaya es considerado lisa y llanamente un vulgar "golpe de estado", sin visos institucionales.
También señaló que "la crisis estructural del país no será resuelta hasta que no se elimine la corrupción y la concentración y económica en pocas manos". Y aunque consideró que la situación se originó en la desigualdad social y la falta de respeto a las leyes, "la sustitución del presidente Manuel Zelaya es un precedente funesto para la credibilidad de la democracia hondureña".
Según el texto eclesiástico "la postura del Congreso que depuso al presidente Zelaya no garantiza ser un gobierno que tenga un respaldo social y que pueda resolver los problemas del país".
Recordó que "la crisis se agudiza por el enfrentamiento entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso Nacional que habían desautorizado la convocatoria de una encuesta de opinión, programada por el Ejecutivo para el 28 de junio y que el presidente Manuel Zelaya, desobedece la resolución. Esto ocasionó que los partidos políticos y sectores de la sociedad y afines a ellos acusaran al Presidente de violar el Estado de Derecho y en una supuesta defensa de la Constitución y del estado democrático defenestran a Manuel Zelaya".
La Pastoral Social comentó además que "en los últimos meses se fue generando polarización en la sociedad: entre los que estaban en desacuerdo con el procedimiento utilizado por el Presidente por actuar al margen de la ley y coaccionar a la población para que se uniera a la propuesta gubernamental, y un sector social que consideraba que la consulta realizada por el gobierno abría una etapa de mayor participación de la población, para llevar a cabo cambios sustanciales en la estructura social del país y modificar la estructura de poder".
Al seguir con su explicación, casi en tono didáctico, señaló: "Los partidos políticos tradicionales ven el riesgo de perder privilegios por la participación que se le daría a la ciudadanía. En este proceso hemos tenido a los cuatro partidos políticos, a las instituciones gubernamentales, a la empresa privada, a la mayoría de la clase media y a un sector del magisterio en franca oposición a la propuesta del presidente".
"Las iglesias, queriendo distanciarse de la situación y manteniendo una postura critica reconocen la importancia de la participación ciudadana pero enmarcada en la Ley. Lo cual fue identificado como una clara posición de no apoyo a la consulta, por considerarla ilegal", agregó.
RD
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