El campo brasileño, entre la riqueza y la muerte

Los conflictos por la tierra dejan en pocos días otras cinco víctimas en el norte del país

GRAZIELA CRUZ. BRASIL | En mayo, el campo del norte de Brasil sufrió una intensificación de la violencia con un trágico resultado: cinco víctimas mortales. El martes 24, fueron asesinados a tiros José Cláudio Ribeiro y Maria do Espírito Santo, pareja pionera en la creación de la reserva de extracción de Praia Alta Piranheira, donde vivían y trabajaban. Unos días más tarde, el agricultor Erenilton Pereira dos Santos, residente en esa reserva, corría la misma suerte.
La riqueza del lugar hace que sea invadido constantemente por madereros y que los ganaderos presionen para instalarse allí. Por esas fechas, en Rondonia, acababan con la vida del dirigente campesino Adelino Ramos. Y el 2 de junio era el agricultor Marcos Gomes da Silva quien encontraba la muerte en Pará.
La noticia de este quinto asesinato en dos semanas llevó a la presidenta del país, Dilma Rousseff, a convocar una reunión el 3 de junio, con varios ministros y los gobernadores norteños, y al posterior anuncio de una acción militar urgente (Operación de la Defensa de la Vida) que, desde el 8 de junio, se está desarrollando en los estados de Pará, Amazonas y Rondonia.
Aunque el primer objetivo de la iniciativa será fortalecer las áreas más vulnerables a los conflictos por la tierra y, en una segunda etapa, dar cumplimiento a las órdenes de detención que figuran en las investigaciones policiales, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, señaló que el Gobierno federal quiere garantizar, asimismo, que los crímenes no queden impunes.
Denuncia de la CNBB
Poco después del asesinato de la citada pareja, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), por boca de sus representantes en la zona, difundió una nota en la que muestra su indignación y preocupación por lo sucedido y denuncia la situación actual en la región.
En el texto –firmado por Jesús Mª Cizaurre Berdonces, Bernardo Johannes Bahlmann y Flavio Giovenale, presidente, vicepresidente y secretario de la Regional Norte 2 de la CNBB, respectivamente–, los prelados desvelan que “es frecuente recibir numerosas denuncias de personas amenazadas de muerte. Entre ellos, se encuentran misioneros, obispos, sacerdotes, hermanas y laicos de esta Región. Creemos que nuestros gritos no son escuchados por los responsables de investigar las denuncias y que solo hay movimiento por parte de los gestores públicos tras el anuncio de una muerte. La CNBB está sumamente preocupada por esta realidad”.
Para acabar, se solidarizan con los familiares de la pareja de líderes y con todos los defensores de los derechos humanos y ratifican su compromiso en defensa de la vida de los pueblos amazónicos.
Pero, ¿cuál es la razón de esa violencia? Para la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el poder del latifundismo, disfrazado de agroindustria, aplica sus reglas, desafiando la ley de los colonos, pequeños agricultores, comunidades indígenas y otras categorías rurales. En un documento del 30 de mayo, la CPT afirma que “la agroindustria también está avanzando en las reservas ambientales y extractivas. El apoyo, estímulo y financiación del Estado a la agroindustria lo fortalece para seguir adelante, encubierto por el discurso del desarrollo económico, que no es más que la negación de los derechos humanos fundamentales, del medio ambiente y de la naturaleza”.
En una entrevista, el coordinador nacional de la CPT, el padre Dirceu Fumagalli, lamentó que las medidas adoptadas sean para mejorar la situación de violencia, pero no el conflicto, pues no van al meollo del tema, que es estructural. Opinión que comparte José Batista Afonso, abogado de la CPT, quien recordó que está en juego la propiedad de las riquezas naturales de la Amazonía, en manos del capital.
Asesinatos, amenazas y condenas
La CPT presentó al Gobierno federal una lista con 1.855 nombres de personas que han sufrido algún tipo de amenaza entre 2000 y 2011. Entre ellas, hay tres obispos: Erwin Kräutler (Xingú), José Luis Azcona (Marajó) y Flavio Giovenale (Abaetetuba).
El informe con los datos de los Conflictos y Violencia en el Campo de la propia CPT muestra que, entre 1985 y 2010, se produjeron 1.580 asesinatos en 1.186 episodios violentos, pero que únicamente 91 personas (21 inductores y 73 ejecutores) implicadas en los mismos fueron a juicio y resultaron condenadas. Y de esa veintena de inductores procesados, tan solo Vitalmiro Bastos de Moura, acusado de ordenar el asesinato de la hermana Dorothy Stang en 2005, permanece en prisión.

Vida Nueva