Ana María Guerra, asistente social, depto. niños, niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos, Conferre.
Ana María Guerra dirigió parte de la reflexión en la jornada de autocuidado que convocó, el pasado 26 de junio de 2013 en Santiago, el departamento de niños, niñas y jóvenes vulnerados para equipos de congregaciones que trabajan en esta área.
Ana María, ¿cuál ha sido el tema que convocó a estos grupos de trabajo?
Lo que a mí me compete es un poco poner en el tapete las carencias que tenemos en la intervención en los casos de alta complejidad a través de los hogares y centros abiertos que se manejan a nivel de congregaciones fundamentalmente. Con qué herramientas podemos defendernos y hacer una intervención de calidad frente a la mayor complejidad que presentan cada día los casos que atendemos.
¿Qué complejidades?
Hablamos de abuso sexual, ausencia de vínculos familiares, niños que están absolutamente abandonados, donde no hay adulto que se haga responsable, problemas sistémicos a nivel familiar. Se trabaja con familias multiproblemáticas. Esa es la realidad actual.
¿Cómo se las han arreglado para enfrentar esta situación?
Con las estrategias que ha ido buscando cada institución de acuerdo a sus posibilidades en los equipos, porque en la práctica las redes de instituciones a veces no son capaces de dar respuesta a las necesidades, por ejemplo, de atención de psiquiatría infantil.
¿En que pie se encuentra la relación entre lo organismos del Estado que tiene que ver con este tema y las congregaciones religiosas que sirven en él?
Entendemos que, en la práctica, quienes intervienen en mayor número en este momento son las congregaciones religiosas a nivel de vulneración de derechos de niños en sistemas residenciales. El Estado subvenciona en alguna medida, pero eso no es suficiente. Por ejemplo, la subvención no resiste los costos de intervención psiquiátrica infantil ni todos los medicamentos que los niños tienen que tomar en tratamiento.
La relación entre el Estado y las instituciones religiosas anda más o menos no más. Han estado medio tirantes, porque se ha luchado mucho precisamente porque la subvención es insuficiente para financiar las intervenciones. Todo frente a las exigencias y las demandas que hace en este caso el servicio nacional de menores, SENAME.
¿Dan ganas de no trabajar con ellos?
De repente sí, porque los tiempos de intervención los determinan a su arbitrio. Sin saber en qué medida uno puede, de acuerdo a la realidad con que se encuentra, dar respuesta a esos tiempos de intervención. A uno le dicen “un niño no puede estar más de tres años”, pero si no hay adulto, no hay familiar que se haga responsable cómo egresa un niño que no tiene quien se haga responsable de él.
Ana María, ¿cómo la sociedad chilena se puede hacer cargo de esta situación, de la realidad de los niños y niñas vulnerados? ¿Esto va a continuar como está eternamente?
No. Creo que tenemos que empezar a trabajar sobre un eje de derechos de la infancia a través de una ley de protección integral de estos derechos, y no sobre el eje de carencias, de los problemas, cuando ya están ahí. Tenemos que trabajar en prevenir. Es fundamental. Y en este momento los programas de prevención están a fojas cero en el SENAME. Se está trabajando solo sobre protección cuando los derechos ya han sido vulnerados.
Pero usted tiene una actitud positiva frente a esto…
Sí. Creo que tenemos un gran trabajo por hacer y uno de esos es trabajar y presionar por que promulgue una ley de protección de derechos de infancia. De ahí tenemos que partir para poder seguir trabajando.
CONFERRE
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