Cuando el mundo entero recuerda el día en que se firmó la Declaración universal de los Derechos Humanos (10.XII.1948), resulta inevitable hacerse esta pregunta: ¿por qué el Estado de la Ciudad del Vaticano no ha firmado todavía los Pactos Internacionales sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos, aprobados por Naciones Unidas (16.XII.1966)? Es decir, ¿por qué el poder central de la Iglesia no ha aceptado, después de más de 50 años de su promulgación, la puesta en práctica de los Derechos Humanos, que son tan decisivos para la vida y la seguridad de cada uno de nosotros?
Sabemos que la Iglesia, a partir de Juan XXIII, predica insistentemente la importancia de los Derechos Humanos. Pero el hecho es que esa misma Iglesia, en su gobierno interno y en sus relaciones públicas con los Estados, no pone en práctica los Derechos Humanos. Basta leer detenidamente el vigente Código de Derecho Canónico para darse cuenta de que, por mucho que el clero predique a favor de los Derechos Humanos, la pura verdad es que la Iglesia no los acepta, sino que su mentalidad, sus normas de gobierno y la cultura que genera la práctica de la Religión Cristiana es una cultura que se opone y está en contradicción con lo que representan los Derechos Humanos en la sociedad. Por ejemplo, la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
Ahora bien, es evidente que mientras las cosas sigan así, la Iglesia tiene (y tendrá) una presencia marginal y una influencia cada día más limitada en el mundo actual y en la sociedad futura. ¿Qué credibilidad puede tener y con qué autoridad le va a decir la Iglesia a la gente que cumpla con sus deberes más básicos, si ella misma es la primera que no tolera comprometerse a cumplir legalmente y públicamente tales deberes?
Lo digo ya y en pocas palabras. El Vaticano no ha firmado todavía los Derechos Humanos, ni se ha comprometido pública y oficialmente a ponerlos en práctica, por la sencilla razón de que la teología que enseña la Iglesia no le permite poner en práctica los Derechos Humanos. Lo cual quiere decir que, mientras no se modifique la teología que tenemos en la Iglesia, no será posible que la Iglesia ponga en práctica los Derechos Humanos.
Este estado de cosas es tanto más indignante cuanto que, si este asunto se piensa detenidamente y con cierta profundidad, enseguida se da uno cuenta de que la teología, que impide aceptar y poner en práctica en la Iglesia los Derechos Humanos, se podría modificar sin necesidad de tocar ni un solo punto que sea contrario a la Fe divina y católica de la Iglesia. Además, si la Fe “divina” nos impide ser plenamente “humanos”, con todas sus consecuencias, ¿qué Fe “divina” es ésa? ¿En virtud de qué presunta “divinidad” podemos aceptar unas creencias que no nos permiten vivir plenamente nuestra “humanidad”?
El fondo del problema está en que el ejercicio del poder se entiende y se pone en práctica en la Iglesia de manera que se presenta como divinamente revelado lo que en realidad no lo es. Por ejemplo, es evidente que la definición dogmática del concilio Vaticano I sobre la potestad plena y suprema del Romano Pontífice, sobre la disciplina y el régimen de la Iglesia universal (Constitución “Pastor Aeternus”, cap. III, canon. DH 3064), no da pie ni justifica la afirmación que llegó a hacer el papa san Pío X: “En la sola jerarquía residen el derecho y la autoridad necesaria para promover y dirigir a todos los miembros hacia el fin de la sociedad. En cuanto a la multitud, no tiene otro derecho que el de dejarse conducir y, dócilmente, el de seguir a sus pastores” (Encícl. “Vehementer Nos”, 11. Febr. 1906, 8-9).
En cualquier caso, lo más lógico es pensar y concluir que la definición del concilio Vaticano I no justifica que la Jerarquía de la Iglesia pueda ejercer su poder de forma que, en la realidad concreta de la vida (privada y pública), el poder religioso entre en conflicto con los Derechos Humanos de los ciudadanos. Nadie puede demostrar que la Jerarquía eclesiástica tenga semejante poder. Por eso, y sin duda alguna, resulta difícil de entender que los problemas que hoy más preocupan, a no pocos clérigos y laicos, sean los problemas que se refieren al tema de la familia, y no los problemas que se han derivado de una forma injustificable de ejercer el poder religioso por parte de los jerarcas de la Iglesia. Por eso, si en el pasado Sínodo de la familia, celebrado en Roma, cinco reconocidos cardenales se han llegado a poner nerviosos y preocupados por los temas que se estaban tratando en el Sínodo, ¿cómo se explica que no se pongan igualmente nerviosos y preocupados por la forma de ejercer el poder en la Iglesia? ¿No se dan cuenta estos hombres que, desde semejante mentalidad, lo único que consiguen es hundir más a la Iglesia?
La conclusión, que se deduce de todo lo dicho es clara, a saber: por muy importantes y urgentes que sean los problemas que se han planteado (o se deberían plantear) en el Sínodo sobre la familia, indeciblemente más importante y apremiante es que cuanto antes la Iglesia tenga la libertad y la audacia de afrontar el problema que se refiere a definir y delimitar si la “potestad divina” de la Iglesia puede llegar hasta el extremo de limitar o incluso anular determinados “derechos humanos” de los creyentes en Jesús el Señor.
José María Castillo
Teología sin censura
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