Thursday, June 18, 2009

Los obispos llaman a la desobediencia de médicos y legisladores ante la ampliación de la ley


Por Jesús Bastante
RD
Jueves, 18 de junio 2009
“Ante una ley que llama derecho a la violación del derecho fundamental a la vida, es legítima la objeción de conciencia”, subrayó este mediodía el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, durante la rueda de prensa en la que se presentó el documento “Atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en ‘derecho’”, aprobado por unanimidad por la Comisión Permanente y en el que se arremete duramente contra el anteproyecto de Ley de Ampliación del Aborto que prepara el Gobierno socialista y se apela a la objeción de médicos, legisladores y todo aquel que se sienta concernido directa o indirectamente con la consecución de un aborto.
“El Anteproyecto presentado constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta. Por tanto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto”, reza el documento episcopal, que añade que “tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperativos de la razón”. Una legislación que esconde “una estrategia de formación en la salud sexual y reproductiva en todo el sistema educativo”.
“Esperamos que este anteproyecto no se lleve a cabo”, añadió Martínez Camino, puesto que, de lo contrario, los católicos no deberían obedecer la ley, por ser “radicalmente injusta”. La única salida, por tanto, para legisladores y personal sanitario, parece ser la insumisión a la ley. “La salida es que no se haga el aborto”, dijo el secretario general del Episcopado, quien añadió que “el aborto no puede ser considerado un derecho del cual otros tengan la obligación de responder”. Cuestionado por la posible obligatoriedad para los hospitales de practicar abortos (dentro de la futura regulación de la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia), el obispo auxiliar de Madrid negó la mayor, insistiendo en que “si esto se acepta, las medidas que se tomen en ningún caso serán justas”. Esto es: no se puede imponer por ley que los profesionales sanitarios participen en un aborto, aunque ello suponga que no se cumpla la ley.
De hecho, en el documento se establece claramente que “la inclusión del aborto entre los medios supuestamente necesarios para cuidar la salud es de por sí una grave enfermedad. Abortar nunca es curar”. Por ello, “la imposición del aborto procurado en el sistema sanitario como prestación asistencial para la salud bio-psico-social de la gestante, a la que ésta tendría un supuesto derecho, lleva consigo la transferencia de la obligatoriedad a los profesionales de la sanidad. De este modo queda abierta la posibilidad de que no se respete a quienes por muy justificados motivos de conciencia se nieguen a realizar abortos, cargándoles arbitrariamente con un supuesto deber e incluso con eventuales sanciones”. En este sentido, el texto recuerda que el Tribunal Constitucional subrayó, en 1985, que la objeción de conciencia “es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.
Para los obispos, “es necesario reconocer y agradecer el valor mostrado por tantos ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su vocación y al verdadero sentido de su trabajo, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas marginaciones con tal de servir siempre a la vida de cada ser humano”.
¿Y qué sucede con aquellos que aprueban, practican o consienten un aborto? En este punto, Camino no fue suficientemente claro, puesto que “cada caso concreto es diferente”. No obstante, la pena de excomunión, señaló, se da “sólo para quienes intervienen en un aborto que realmente se ejecuta”. En un principio, el portavoz episcopal indicó que “no es para las mujeres, sino para todos los que intervienen en un aborto ejecutado”, aunque posteriormente sí que reconoció la excomunión para la mujer que, conscientemente, eligiese abortar. No fue tan claro el obispo para con el marido o los familiares que empujasen o consintiesen el aborto, o para los profesionales sanitarios que estuvieran en el quirófano, pero no participaran físicamente en el mismo.

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