La Audiencia Nacional procesa a 20 oficiales por el asesinato de los jesuitas
La masacre se forjó entre altos cargos del Gobierno y el Ejército
«Ahora es el momento de matar a los jesuitas». 16 de octubre de 1989. Universidad Centro Americana de El Salvador. 1.00 de la madrugada. Tras diez días de planificación al más alto nivel político y militar, un comando especial del Ejército entra en la residencia de los sacerdotes. Buscan a los «delincuentes terroristas». A los «cerebros marxistas» de la guerrilla salvadoreña. El teniente Espinoza ordena «no dejar testigos». Primero matan a sangre fría a cuatro religiosos. Después a dos más. Y en una habitación tirotean a una madre y su hija. 3.00 de la madrugada. Operación terminada. Lo cuenta Mateo Balín en Diario Montañés.
«El FMLN [la guerrilla izquierdista salvadoreña] asesinó a los enemigos espías», escriben los militares en la pared de la residencia para tapar el crimen. Después regresan al cuartel entre los vítores de sus superiores y el aplauso de los servicios de inteligencia, que actuaron en connivencia con un sector de la extrema derecha del partido gobernante, el ARENA.
Estas fueron las últimas horas del jesuita vasco Ignacio Ellacuría, trágico protagonista de la guerra civil de El Salvador, la más violentas del continente iberoamericano con más 75.000 civiles fallecidos.
El rector de la Universidad Centro Americana, activo mediador político y partidario de una salida negociada entre la guerrilla izquierdista y los partidos de derecha, encontró la muerte a la entrada de su residencia, junto a otros seis compañeros, cuando la guerra comenzaba a llegar a su fin. Su fallecimiento conmovió a todos los estamentos sociales del país, pero fue el punto de partida de la pacificación en El Salvador.
Este es el escenario que describe el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en su auto de procesamiento conocido ayer. Tras varios años de investigación, el magistrado concluye las pesquisas y ordena el procesamiento de 20 militares por ocho delitos de asesinato terrorista y crímenes de lesa humanidad. Entre los acusados se encuentran responsables de la cúpula militar salvadoreña en el momento del crimen y los soldados del batallón especial que ejecutó las órdenes de sus superiores.
El juez Velasco ordena prisión provisional y sin fianza y busca y captura internacional para todos los procesados, y hace especial mención en la localización del coronel Inocente Orlando, exviceministro de Seguridad Pública y protagonista «activo» del plan de asesinato de los sacerdotes. Para llegar a estas conclusiones, el magistrado declara no valido el juicio que se celebró en El Salvador en 1991 y que acabó con «condenas forzadas» de dos coroneles y la absoluciones de otros acusados, algunos de ellos asesinos confesos.
El auto revela que la masacre de los jesuitas se forjó en las alianzas entre altos cargos del Gobierno salvadoreño y el Ejército. En concreto, el vicepresidente Francisco Merino y los miembros de La Tadona, una sección ultra del Ejército con el viceministro de Defensa, el coronel Juan Orlando Zepeda, a la cabeza.
Durante una década persiguieron a los religiosos, a los que consideraban precursores del marxismo en el país y líderes políticos de la guerrilla izquierdista. En octubre de 1989, en un clima favorable para la paz, las élites políticas y militares deciden tapar la boca y aplicar la «solución final» contra el grupo de jesuitas liderados por el rector universitario Ignacio Ellacuría. «Vamos a buscarlo y si lo encontramos, ¡le vamos a dar un premio!», anunciaron antes de su muerte, según revelan ahora documentos de la CIA. Veintiún años después de los crímenes, la verdad judicial ve ahora la luz.
RD
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