La Iglesia católica paga campañas contra el aborto pero no tiene para indemnizar por abusos sexuales
Después de los casos de pedofilia surgidos dentro de la Iglesia católica en EE UU y Australia, Irlanda trata ahora de hacer justicia a los miles de niños que sufrieron abusos a manos de religiosos. Las víctimas no están satisfechas del todo porque no se han hecho públicos los nombres de sus verdugos, y han recordado que siempre encontraron la renuencia de los obispos a reconocer los delitos. Esos obispos que no cumplieron jamás sus obligaciones canónicas (vigilar, intervenir y castigar) fueron recibidos por el Papa en 2006. Ratzinger condenó los abusos e invitó a los prelados a "establecer la verdad", evitar que se repitieran casos semejantes y "curar a las víctimas".
La condena debió de servir para siempre, pues desde que se publicó el informe apenas se ha vuelto a oír una palabra del Papa sobre el asunto. Ocasiones no han faltado desde que volvió de Tierra Santa. Pero nada: un recuerdo, una frase de perdón, al menos una referencia indirecta de consuelo.
El estruendoso silencio, roto ayer por Cañizares para atizar más leña al fuego, sorprende en un papa tan instruido en historia de la religión como Ratzinger. En 1545, el catecismo del Concilio de Trento determinó que "ofender la inocencia de los niños" es uno de los cuatro pecados más abyectos que se pueden cometer, uno de los que "claman venganza en nombre de Dios" (los primeros son negar los derechos de Dios, los de la Iglesia y no pagar al obrero lo que se merece).
En sus años de papado, Benedicto XVI ha tratado de aportar transparencia a la actitud de la Iglesia frente a los abusos. Sobre todo, cuando no quedaba más remedio porque la evidencia era abrumadora. Se reunió con las víctimas en EE UU con gran despliegue mediático y escenográfico. Y lo volvió a hacer en Australia, aunque a regañadientes y fuera de programa. Pero una cosa son las buenas palabras, otra la realidad. La Iglesia tiene dinero para financiar campañas antiabortistas, pero no para indemnizar a las víctimas. Los culpables nunca acaban en la cárcel, y tampoco se aplica la orden de expulsión del clero prevista por el Código Canónico para los abusadores. Al contrario, lo habitual es resistirse a reconocer las denuncias e incluso acusar de chantaje a los mártires, como pasó en el reciente caso de los alumnos sordomudos de Verona.
Una vara de medir muy diferente de la que suele usar la jerarquía católica cuando excomulga a las madres y médicos de niñas obligadas a abortar. Ése es el mensaje de Cañizares: el derecho a la vida de fetos y embriones es más importante que las vidas arrasadas de los niños abusados en nuestros colegios. Quizá por eso, la curia sigue encubriendo a tantos delincuentes con sotana. Como cuenta el canonista Filippo di Giacomo, "en Roma hay cardenales que llevan años protegiendo a pederastas. Si eso pasa en la capital del Imperio, mejor no imaginar qué pasará fuera".
MIGUEL MORA,
El País
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