RD/Efe).-El Gobierno irlandés carece de instrumentos legales para obligar a la Iglesia Católica a pagar más compensaciones a las víctimas de abusos sexuales, físicos y psíquicos, de las ya marcadas en un acuerdo sellado en 2002, que fija un tope de 127 millones de euros.
El resto del dinero destinado a los damnificados saldrá de las arcas del Estado que, hasta la fecha, ya ha contribuido con más de 1.200 millones de euros.
EL primer ministro irlandés, Brian Cowen, aseguró hoy que revisan con expertos legales los términos de aquel acuerdo, denunciado este jueves por la oposición en el Parlamento nacional, pero reconoció que será difícil que el Ejecutivo pueda "forzar a otros" a hacer desembolsos adicionales.
"Creo que es importante enfatizar que el Estado tenía un contingente de obligación para eventualidades y que el Comité de Cuentas Públicas lo estudió en gran detalle hace algunos años", señaló el "Taoiseach" (primer ministro).
Aquel acuerdo ofrecía inmunidad a todos los miembros de órdenes religiosas denunciados por abusos a cambio de que las autoridades eclesiásticas transfiriesen al Estado, en metálico y en bienes inmuebles, una cantidad valorada en 127 millones de euros.
El trato lo cerró el entonces ministro de Educación, Michael Woods, un día antes de abandonar el cargo y convencido de que el total de las indemnizaciones no superaría los 300 millones de euros.
Después de la publicación el pasado miércoles del informe sobre abusos a menores cometidos durante casi 70 años en instituciones estatales, gestionadas en su mayoría por la Iglesia, se sabe ahora que no sólo hubo miles de víctimas sino que la factura final podría alcanzar los 1.300 millones de euros.
Sin entrar a valorar la validez del acuerdo de 2002, Cowen afirmó hoy que aquel pacto "fue el resultado de las conversaciones" que se desarrollaron en aquella época, al tiempo que insistió en que el "Estado tenía la obligación de asumir sus responsabilidades", dado que las instituciones administradas por los religiosos eran públicas.
"Obviamente, la contribución de las órdenes y de las autoridades de la iglesia fue algo que tratamos entonces y reconocimos que ésta era la cantidad (127 millones) que se ofrecía", dijo el "Taoiseach" a los medios durante un acto electoral.
Sus palabras fueron ratificadas por el actual titular de Educación, Batt O´Keeffe, quien subrayó que no hay vía legal alguna para forzar a la Iglesia Católica a renegociar el acuerdo, aunque existe la posibilidad de que los religiosos aumenten su desembolso si así lo desean.
A tenor de las manifestaciones de las autoridades eclesiásticas, parece improbable que la Iglesia quiera alterar las condiciones de un acuerdo muy ventajoso.
En un comunicado emitido hoy por la Conferencia de Religiosos de Irlanda (CORI) se informa de que ninguna de las 18 órdenes religiosas implicadas tiene intención de revisar los términos del pacto de 2002, que consideran que se selló "de buena fe".
"Algunos -dice la nota- han cuestionado si los religiosos han cumplido con los compromisos adquiridos en el acuerdo. Podemos confirmar que la inmensa mayoría de estas transacciones se han completado. Sin embargo, quedan algunos flecos legales en algunas de las transferencias inmobiliarias".
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