Por Miguel Ángel Vázquez
Cuando por fin empiezo a abordar este artículo, tras un largo día cargado de datos, desazones, rabia, horror, imágenes, opiniones y análisis, van contabilizados 358 muertos a causa del escandaloso incendio de la Granja Penal de Comayagua en Honduras. 358 muertos. Según Julia Morales, madre de una de las víctimas y testigo de los hechos, “ellos mismos (los policías) les mataron. Les gritaban ¡muéranse perros!, ¡está bueno que se mueran!”. Los encargados del presidio no respondieron a los gritos de auxilio y no abrieron las puertas de las celdas en llamas. Según los agentes se debía a que no encontraban al guardia que tenía la llave.
Me baso, aparte de en la información personal que acumulo de años, en la que ha proporcionado el Diario Tiempo y, fundamentalmente, en la cobertura especial que Radio Progreso ha hecho a través de todos sus canales. El análisis lo haré a través de 10 claves para entender lo que ha pasado, 10 actos imperdonables y 2 conclusiones.
10 claves para entender lo que ha pasado
Vamos con estas claves a hacer un recorrido de más a menos en profundidad de análisis, empezando por las más evidentes. Así, lo primero que cabe resaltar es que la Granja Penal de Comayagua tenía una sobrepoblación de en torno a un 400%. En un edificio para 250 privados de libertad vivían hacinados aproximadamente 850. Va a ser muy difícil hacer los cálculos de fallecidos, supervivientes y fugados porque muy probablemente los responsables del presidio no supieran el número exacto de internos que había en el momento del incendio.
La tasa de asesinatos de Honduras es, desde el pasado año 2011, la más alta del mundo, con 86 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando la media está en casi 7. Aunque las explicaciones de este repunte de una violencia sin sentido son varias y muchas apuntan a las consecuencias del golpe de Estado de 2009 y al nuevo poder concedido a militares y policías desde entonces, lo cierto es que la delincuencia crece a un ritmo que el sistema penal hondureño no acompaña no pudiendo ofrecerles los mínimos derechos humanos durante su reclusión.
Según el ‘Sondeo de Opinión Pública‘ del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación-sj, un 67,5 % de la población hondureña cree a ciencia cierta que la policía está involucrada en los casos de delincuencia. La realidad es que un 75 % de la policía del país está implicada en casos de corrupción. Este dato será importante para analizar luego la reacción de los agentes en los primeros momentos del incendio.
Acercándonos ya al suceso de hoy vemos como en las primera horas se han presentado versiones oficiales muy distintas y cambiantes. A la primera del motín se ha seguido la que hablaba de un cortocircuito, negada por un directivo de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), para dar paso a la nunca confirmada de un supuesto privado de libertad quemando un colchón. Esta última tesis la lanzó Paola Castro, gobernadora del departamento de Comayagua, asegurando que “recibió una llamada de un preso informándole de que fue otro quién inició expresamente el incendio”. A mí, en una situación así, es lo primero que se me ocurriría, llamar a la gobernadora.
Es importante resaltar, como señala Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), que ya es casualidad que siempre que hay incendios en los presidios hondureños (tres en los últimos diez años) estos suceden durante la noche.
Uno de los incendios en un centro penitenciario hondureño que más víctimas mortales dejó hasta el del día de hoy fue el del presidio de San Pedro Sula de 2004. Aunque todo se resolvió con el argumento de un fallo en los sistemas de la cárcel (y así lo han seguido replicando hoy los medios españoles), lo cierto es que hay demasiados flecos que no quedaron resueltos. Por aquel entonces era presidente del Congreso el mismo que hoy, golpe de Estado mediante, es presidente de facto de la República, Porfirio “Pepe” Lobo. Fue el encargado de aprobar, durante el gobierno de su compañero del Partido Nacional Ricardo Maduro, la que fuera conocida como Ley de Mano Dura. En esencia era una ley para aniquilar a las maras de todo el país y los metodos utilizados sobrepasaron de largo cualquier margen de derechos humanos. Fueron los tiempos de la ejecución sin juicio en la calle a manos de la policía por llevar un tatuaje. En la Honduras de 2004 la violencia había sufrido un repunte más que notable y era lo que más preocupaba, con diferencia, a los ciudadanos, que en pocos meses se enfrentarían a su cita con las urnas. Es en ese contexto en el que una noche, de repente, se incendia la bartolina de las maras en el presidio de San Pedro Sula dejando un reguero de 107 víctimas al no conseguir los agentes al cargo abrir las puertas. Los índices de violencia, en los meses siguientes a la masacre, bajaron un poco, suficiente como para comunicarlo.
Según señala el abogado hondureño Joaquín Mejía “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Álvarez vs. Honduras dictó medidas de reparación erga omnes destinadas a mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios del país. Sin embargo, lo que acaba de ocurrir en la granja penal de Comayagua demuestra el incumplimiento permanente de las obligaciones internacionales por parte del Estado de Honduras”. Como se ve, no les ha pillado de nuevas lo de que sus cárceles están mal.
Según el mismo informe del ERIC-sj al que hacíamos referencia en el punto 3, el principal problema y la principal preocupación de los hondureños y hondureñas es, con un 39,6 %, la inseguridad y la delincuencia, por encima justo del desempleo y la pobreza.
En breve volverá a haber elecciones generales en Honduras, las primeras tras el periodo del golpe de Estado de Roberto Micheletti que acabó aupando a Pepe Lobo al poder.
Por último, no se puede dejar de lado como clave para analizar el suceso de la Granja Penal de Comayagua, que el país sigue viviendo bajo los efectos de un todavía reciente golpe de Estado. Aunque el silencio y el desinterés de la comunidad internacional suenan a acuerdo tácito con las oligarquías golpistas del país caribeño, lo cierto es que es en las próximas elecciones donde se juegan la consolidación de “los sucesos de junio de 2009″. Con ello se daría un golpe en la línea de flotación a la Resistencia pacífica que sigue luchando por la justicia y la reparación en Honduras así como a las víctimas de todo el conflicto.
10 actos imperdonables
Repasamos ahora, tras el análisis de las claves, diez actos dentro de todo lo que ha sucedido en el día de hoy que provocan, cuando menos, la indignación de cualquiera. Por que se sepan. La primera de todas, por sangrante, es que testigos aseguran que los policías dejaron a los privados de libertad en el momento del incendio calcinarse antes que dejarles salir.
Según Julia Morales, madre de una de las víctimas y testigo de los hechos, “ellos mismos (los policías) les mataron. Les gritaban ¡muéranse perros!, ¡está bueno que se mueran!”.
Los encargados del presidio no respondieron a los gritos de auxilio y no abrieron las puertas de las celdas en llamas. Según los agentes se debía a que no encontraban al guardia que tenía la llave.
Por si todo esto no fuera suficiente para hacerle hervir la sangre a cualquiera de indignación y rabia, en mitad de todo ese infierno y ese caos los policías dispararon varias veces a los reclusos. Esto se puede comprobar clarísimamente en el vídeo que dejo al final de este apartado, un vídeo casero grabado por el joven Carlos Alfonso García Zepeda, de 21 años, en el que se ven las inmensas llamas del penal, se oyen los gritos de pavor de los privados de libertad y, en un momento dado y hasta el final del vídeo de seis minutos, se escuchan disparos constantemente. El vídeo, aviso ya, puede herir la sensibilidad. La mía la ha herido. Mucho.
Los bomberos tardan en realizar un recorrido de 400 metros, los que hay desde el cuartel hasta el presidio, aproximadamente cuarenta minutos.
Una vez los bomberos llegan al presidio, la policía les hace esperar en la puerta unos veinte minutos más. Para entonces sólo se oyen sirenas, ya no hay gritos ni voces que salgan de dentro del centro penal.
A la mañana siguiente, cuando los familiares se agolpaban en la puerta de la cárcel para conocer el estado de sus seres queridos, ante la mala gestión de los responsables del centro y tras la impaciencia y angustia de las interminables horas de espera, algunos se deciden a entrar. Es entonces cuando la policía dispara y lanza piedras a los familiares de las víctimas.
Según relataba Andrés Pavón, defensor de los Derechos Humanos en Honduras, se tardó aproximadamente catorce horas, en medio de todo el caos, en dar agua a los supervivientes. Catorce horas. Con unas temperaturas que rondan los 25 grados cuando hace fresco.
Se ha buscado a dos cabezas de turco desde la dirección de las instituciones penitenciarias y se han ofrecido como única explicación de los sucesos a la espera de una investigación. No ha dimitido nadie.
Pepe Lobo ha pedido en rueda de prensa ayuda internacional (dinero) para superar esta crisis y poder mejorar sus centros penales. Huele a privatización de los mismos en manos de transnacionales.
2 conclusiones
Se hace imprescindible una investigación internacional de lo que ha pasado en la Granja Penal de Comayagua y que acudan las máximas instancias en asuntos de Derechos Humanos. La repetición de sucesos hace que sean, cuando menos, sospechosos. Alguien completamente ajeno al gobierno de Honduras tiene que investigar.
Es terrible comprobar cómo por esta orilla del charco sólo les sacamos cuando mueren por centenas. Hoy mismo El País publica esta información, dramática, realizada con datos de hace un mes y medio, cuando eran igual de graves pero no había pasado una tragedia de las proporciones de la que ha vivido hoy Honduras. Nuestro sistema ombliguista de información apesta.
10 claves para entender lo que ha pasado
Vamos con estas claves a hacer un recorrido de más a menos en profundidad de análisis, empezando por las más evidentes. Así, lo primero que cabe resaltar es que la Granja Penal de Comayagua tenía una sobrepoblación de en torno a un 400%. En un edificio para 250 privados de libertad vivían hacinados aproximadamente 850. Va a ser muy difícil hacer los cálculos de fallecidos, supervivientes y fugados porque muy probablemente los responsables del presidio no supieran el número exacto de internos que había en el momento del incendio.
La tasa de asesinatos de Honduras es, desde el pasado año 2011, la más alta del mundo, con 86 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando la media está en casi 7. Aunque las explicaciones de este repunte de una violencia sin sentido son varias y muchas apuntan a las consecuencias del golpe de Estado de 2009 y al nuevo poder concedido a militares y policías desde entonces, lo cierto es que la delincuencia crece a un ritmo que el sistema penal hondureño no acompaña no pudiendo ofrecerles los mínimos derechos humanos durante su reclusión.
Según el ‘Sondeo de Opinión Pública‘ del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación-sj, un 67,5 % de la población hondureña cree a ciencia cierta que la policía está involucrada en los casos de delincuencia. La realidad es que un 75 % de la policía del país está implicada en casos de corrupción. Este dato será importante para analizar luego la reacción de los agentes en los primeros momentos del incendio.
Acercándonos ya al suceso de hoy vemos como en las primera horas se han presentado versiones oficiales muy distintas y cambiantes. A la primera del motín se ha seguido la que hablaba de un cortocircuito, negada por un directivo de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), para dar paso a la nunca confirmada de un supuesto privado de libertad quemando un colchón. Esta última tesis la lanzó Paola Castro, gobernadora del departamento de Comayagua, asegurando que “recibió una llamada de un preso informándole de que fue otro quién inició expresamente el incendio”. A mí, en una situación así, es lo primero que se me ocurriría, llamar a la gobernadora.
Es importante resaltar, como señala Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), que ya es casualidad que siempre que hay incendios en los presidios hondureños (tres en los últimos diez años) estos suceden durante la noche.
Uno de los incendios en un centro penitenciario hondureño que más víctimas mortales dejó hasta el del día de hoy fue el del presidio de San Pedro Sula de 2004. Aunque todo se resolvió con el argumento de un fallo en los sistemas de la cárcel (y así lo han seguido replicando hoy los medios españoles), lo cierto es que hay demasiados flecos que no quedaron resueltos. Por aquel entonces era presidente del Congreso el mismo que hoy, golpe de Estado mediante, es presidente de facto de la República, Porfirio “Pepe” Lobo. Fue el encargado de aprobar, durante el gobierno de su compañero del Partido Nacional Ricardo Maduro, la que fuera conocida como Ley de Mano Dura. En esencia era una ley para aniquilar a las maras de todo el país y los metodos utilizados sobrepasaron de largo cualquier margen de derechos humanos. Fueron los tiempos de la ejecución sin juicio en la calle a manos de la policía por llevar un tatuaje. En la Honduras de 2004 la violencia había sufrido un repunte más que notable y era lo que más preocupaba, con diferencia, a los ciudadanos, que en pocos meses se enfrentarían a su cita con las urnas. Es en ese contexto en el que una noche, de repente, se incendia la bartolina de las maras en el presidio de San Pedro Sula dejando un reguero de 107 víctimas al no conseguir los agentes al cargo abrir las puertas. Los índices de violencia, en los meses siguientes a la masacre, bajaron un poco, suficiente como para comunicarlo.
Según señala el abogado hondureño Joaquín Mejía “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Álvarez vs. Honduras dictó medidas de reparación erga omnes destinadas a mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios del país. Sin embargo, lo que acaba de ocurrir en la granja penal de Comayagua demuestra el incumplimiento permanente de las obligaciones internacionales por parte del Estado de Honduras”. Como se ve, no les ha pillado de nuevas lo de que sus cárceles están mal.
Según el mismo informe del ERIC-sj al que hacíamos referencia en el punto 3, el principal problema y la principal preocupación de los hondureños y hondureñas es, con un 39,6 %, la inseguridad y la delincuencia, por encima justo del desempleo y la pobreza.
En breve volverá a haber elecciones generales en Honduras, las primeras tras el periodo del golpe de Estado de Roberto Micheletti que acabó aupando a Pepe Lobo al poder.
Por último, no se puede dejar de lado como clave para analizar el suceso de la Granja Penal de Comayagua, que el país sigue viviendo bajo los efectos de un todavía reciente golpe de Estado. Aunque el silencio y el desinterés de la comunidad internacional suenan a acuerdo tácito con las oligarquías golpistas del país caribeño, lo cierto es que es en las próximas elecciones donde se juegan la consolidación de “los sucesos de junio de 2009″. Con ello se daría un golpe en la línea de flotación a la Resistencia pacífica que sigue luchando por la justicia y la reparación en Honduras así como a las víctimas de todo el conflicto.
10 actos imperdonables
Repasamos ahora, tras el análisis de las claves, diez actos dentro de todo lo que ha sucedido en el día de hoy que provocan, cuando menos, la indignación de cualquiera. Por que se sepan. La primera de todas, por sangrante, es que testigos aseguran que los policías dejaron a los privados de libertad en el momento del incendio calcinarse antes que dejarles salir.
Según Julia Morales, madre de una de las víctimas y testigo de los hechos, “ellos mismos (los policías) les mataron. Les gritaban ¡muéranse perros!, ¡está bueno que se mueran!”.
Los encargados del presidio no respondieron a los gritos de auxilio y no abrieron las puertas de las celdas en llamas. Según los agentes se debía a que no encontraban al guardia que tenía la llave.
Por si todo esto no fuera suficiente para hacerle hervir la sangre a cualquiera de indignación y rabia, en mitad de todo ese infierno y ese caos los policías dispararon varias veces a los reclusos. Esto se puede comprobar clarísimamente en el vídeo que dejo al final de este apartado, un vídeo casero grabado por el joven Carlos Alfonso García Zepeda, de 21 años, en el que se ven las inmensas llamas del penal, se oyen los gritos de pavor de los privados de libertad y, en un momento dado y hasta el final del vídeo de seis minutos, se escuchan disparos constantemente. El vídeo, aviso ya, puede herir la sensibilidad. La mía la ha herido. Mucho.
Los bomberos tardan en realizar un recorrido de 400 metros, los que hay desde el cuartel hasta el presidio, aproximadamente cuarenta minutos.
Una vez los bomberos llegan al presidio, la policía les hace esperar en la puerta unos veinte minutos más. Para entonces sólo se oyen sirenas, ya no hay gritos ni voces que salgan de dentro del centro penal.
A la mañana siguiente, cuando los familiares se agolpaban en la puerta de la cárcel para conocer el estado de sus seres queridos, ante la mala gestión de los responsables del centro y tras la impaciencia y angustia de las interminables horas de espera, algunos se deciden a entrar. Es entonces cuando la policía dispara y lanza piedras a los familiares de las víctimas.
Según relataba Andrés Pavón, defensor de los Derechos Humanos en Honduras, se tardó aproximadamente catorce horas, en medio de todo el caos, en dar agua a los supervivientes. Catorce horas. Con unas temperaturas que rondan los 25 grados cuando hace fresco.
Se ha buscado a dos cabezas de turco desde la dirección de las instituciones penitenciarias y se han ofrecido como única explicación de los sucesos a la espera de una investigación. No ha dimitido nadie.
Pepe Lobo ha pedido en rueda de prensa ayuda internacional (dinero) para superar esta crisis y poder mejorar sus centros penales. Huele a privatización de los mismos en manos de transnacionales.
2 conclusiones
Se hace imprescindible una investigación internacional de lo que ha pasado en la Granja Penal de Comayagua y que acudan las máximas instancias en asuntos de Derechos Humanos. La repetición de sucesos hace que sean, cuando menos, sospechosos. Alguien completamente ajeno al gobierno de Honduras tiene que investigar.
Es terrible comprobar cómo por esta orilla del charco sólo les sacamos cuando mueren por centenas. Hoy mismo El País publica esta información, dramática, realizada con datos de hace un mes y medio, cuando eran igual de graves pero no había pasado una tragedia de las proporciones de la que ha vivido hoy Honduras. Nuestro sistema ombliguista de información apesta.
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